CCOO denuncia al Ministro de Justicia por la privatización del servicio de traducción y por pagar a empresas privadas en vez de apostar por lo público

El Ministerio de Justicia no cubre las plazas públicas de intérpretes y traductores en los juzgados y tribunales mientras paga a empresas privadas para realizar este trabajo

Se trata, a juicio de CCOO, de “una privatización intolerable, injustificada e impropia de un gobierno que dice apostar por lo público”

Se ha publicado en el BOE de 10 de noviembre de 2020, el anuncio de la adjudicación a las empresas Seprotec y Ofilingua, de los servicios de ‘Interpretación y traducción’ en los órganos judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, nueva privatización de servicios públicos que, a juicio de CCOO, “es un claro intento de entregarlo completamente a empresas privadas”, cuyos intereses no son la defensa del servicio público y el acceso en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía a la Administración de Justicia, sino el beneficio económico inmediato, para lo que se han destinado 2.762.580 euros de dinero público

Para el sindicato no es tolerable la utilización de traductores externos, entre otras cosas, porque existen plazas vacantes en las Relaciones de Puestos de Trabajo, que la Administración se niega a cubrir por los sistemas de provisión previstos en el Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado

Desde el sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO queremos poner de manifiesto la enorme contradicción por el hecho de que se privaticen servicios públicos que están prestando los traductores e intérpretes de la Administración de Justicia y se recurra a la subcontratación de empresas externas, cuando existen decenas de plazas vacantes que no se cubren de manera intencionada por Función Pública y el Ministerio de Justicia

Esta contratación externa afecta a todas las comunidades con las competencias no transferidas del ámbito del Ministerio de Justicia (Gerencia Territorial de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia) y a las ciudades de Ceuta y Melilla: en Burgos, 3 plazas (1 de rumano, 1 de árabes-francés y 1 de árabe); en Segovia, 1 de árabe-francés; en Ciudad Real 1 de árabe-francés; en Guadalajara 1 de árabe- francés; en Madrid, en la Audiencia Nacional, 3 de euskera, 1 de alemán, 1 de árabe, 1 de portugués; en Murcia 1 de árabe-francés; en Melilla 3 de árabe-francés; en Ceuta 1 de árabe francés, y en León 1 de árabe-francés

La insuficiencia de personal viene arrastrándose desde hace años, debido a que no se cubren las vacantes, y ello tiene como consecuencia que en la mayoría de órganos judiciales se producen retrasos importantes en servicios vitales para la ciudadanía. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia opta por la privatización en vez de recurrir a la convocatoria de esas plazas

Pero si existe un severo déficit de traductores-intérpretes es en la Gerencia Territorial de Baleares, que no tiene cubiertas ni el 50% de las nueve plazas de plantilla, con las siguientes vacantes: en Palma de Mallorca, 1 de traductor de alemán-inglés; 1 en Menorca, de alemán-inglés; y, en Ibiza, 3 de alemán-inglés

CCOO exige que se cubran en primer lugar las plazas vacantes y se convoquen en ofertas de Empleo Público (OEP) las plazas imprescindibles para atender las necesidades de traducción que solicitan los distintos órganos judiciales, ya que la cobertura de estos puestos de trabajo por empleados públicos es la forma para que se pueda atender con calidad a la ciudadanía

En este tipo contrataciones por empresas externas a la Administración de Justicia, no se exige en los pliegos de condiciones ningún control sobre el personal que realizará dicho trabajo -si tienen la titulación necesaria o la cualificación profesional-, dejando la selección de personal a la decisión unilateral de esas empresas, que potencian la discrecionalidad frente al mérito y la capacidad. Hay que resaltar que la traducción y la interpretación son, en el marco del procedimiento penal, un elemento esencial para que las personas acusadas de un delito puedan ejercer su derecho fundamental de defensa

La no cobertura de las plazas vacantes además supone un aumento de las cargas de trabajo, ya que el incremento del volumen de traducciones e interpretaciones y la plantilla actualmente contratada alcanza una ratio que se ha desbordado, como CCOO ha venido denunciando de forma reiterada

Con este tipo de contrataciones no se pretende ahorrar, sino hacer negocio con los servicios públicos. Está demostrado que la opción de privatizar servicios públicos es mucho más cara. Así lo ha reconocido incluso el Tribunal de Cuentas, que ha resuelto que la gestión pública es más barata que la gestión privada. Con los 2.700.000 euros destinados a las empresas Seprotec y Ofilingua, se podrían crear casi el doble de plazas de traductores de las ya existentes

CCOO rechaza y denuncia esta decisión, la considera intolerable, porque es contraria a los intereses de la ciudadanía y carece de argumentos que la sostengan. No consta que se haya realizado un estudio detallado previo que justifique esta privatización, con la que, sin más, se rechaza cualquier otro mecanismo para atender las necesidades de los órganos judiciales en la realización de traducciones e interpretaciones

CCOO apuesta y defiende el empleo público puesto que es la mejor garantía para dar unos servicios de calidad a la ciudadanía, a la vez que se crean puestos de trabajo para muchas personas que esperan la oportunidad para formar parte de dichas plantillas de los servicios públicos

Escrito dirigido por CCOO al Ministerio de Justicia

Justificante de presentación

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Función Pública desprecia el diálogo social. CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos

 

26 de octubre: Mesa General de las y los empleados públicos

Nota de Prensa del Área Pública de CCOO

Función Pública desprecia el diálogo social

CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos

En la Mesa General de las Administraciones Públicas, celebrada en la tarde de hoy, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública dice estar comprometido con el diálogo social y, acto seguido, anuncia las medidas tomadas de manera unilateral sin negociación alguna: la subida salarial del 0,9% y la misma tasa de reposición existente en los PGE 2018 para las administraciones cumplidoras con la regla de gasto: 100%, 110% para Sanidad, Educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El sindicato ha denunciado la falta total de interlocución y la imposición de las cuestiones relativas a los sectores públicos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, haciendo de la Mesa General un simple trámite previo a la aprobación por el Consejo de Ministros

Igualmente, denuncia el incumplimiento, por parte de todas las administraciones, AGE, CC. AA. y FEMP, del I y II acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Por ello, CCOO ha demandado que se cumplan íntegramente los compromisos y ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo

En este sentido deben incluirse en los PGE 2021 la recuperación del empleo público, la eliminación de la tasa de reposición, los incrementos de las plantillas (entre un 20% y un 33% de los servicios prioritarios y esenciales) y los incrementos retributivos de al menos un 8% en tres años. Además, se debe acabar con la lacra que supone la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas

CCOO ha recordado que se ha dirigido de manera constante, desde el inicio de la legislatura, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública poniendo de manifiesto la situación de los acuerdos, reclamando la negociación de un nuevo acuerdo de legislatura y haciendo llegar las propuestas del sindicato al respecto. Estas giran en torno a 3 ejes: 

• Compromiso en la mejora y defensa de los servicios públicos como garantía para los derechos de la ciudadanía. Es indiscutible su papel protagonista en la reconstrucción del país

• Recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, y mejora de sus condiciones laborales

• Aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía, que permita inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial, y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación

Además, el sindicato considera necesario tratar de forma prioritaria las siguientes materias:

- Empleo, estabilización y consolidación, para conseguir la reducción de la temporalidad definitivamente por debajo del 8%. Son necesarias modificaciones en el EBEP y en Estatuto Marco para causalizar la contratación, establecer un régimen sancionador a las administraciones públicas que incumplan, e implantar medidas que repercutan de forma inmediata para eliminar la precariedad laboral. Es inaceptable que, ya antes del inicio de la pandemia, el porcentaje de temporalidad siguiera por encima del 24% y que, de las 380.288 plazas publicadas desde 2017, un 66,81% estén sin convocar sumado a un 17,39% ya convocadas sin ejecutar, a lo que habría que añadir las plazas que ni siquiera se han negociado o publicado

- Jornada laboral, haciendo real y efectiva la jornada de 35 horas para todos los sectores

- Clasificación profesional y culminación de la disposición transitoria tercera del EBEP

- Carrera profesional

- Clases pasivas, para la mejora de las bases de cotización a partir del grupo A2

- Planes de igualdad y protocolos de acoso

- Procesos de digitalización en las administraciones públicas

- Formación

- Salud laboral y prevención de riesgos laborales

- Desarrollo del EBEP. Ley AGE y leyes CC. AA.

A pesar del desprecio a la negociación demostrada en la Mesa General, CCOO está dispuesta a abordar y negociar todas estas materias. No obstante, exige el establecimiento urgente de un calendario y del inicio de las negociaciones. De forma inmediata se debe incluir en los PGE lo antes planteado en relación con el aumento de las plantillas, el incremento retributivo y la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición

De no cumplir las diferentes administraciones los acuerdos y no iniciarse los procesos de negociación comprometidos, CCOO anuncia que habrá continuas movilizaciones

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Nota de Prensa: los sindicatos mayoritarios de las Administraciones Públicas exigen a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que garantice la negociación y recuperación del poder adquisitivo de más de tres millones de empleadas y empleados públicos

Los sindicatos mayoritarios de las Administraciones Públicas exigen a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que garantice la negociación y recuperación del poder adquisitivo de más de tres millones de empleadas y empleados públicos

CCOO, UGT y CSIF se han dirigido por escrito a la ministra de Política Territorial y Función Pública reclamando la apertura inmediata de la negociación de un tercer Acuerdo que garantice entre otros, la recuperación del poder adquisitivo y la creación de empleo público para erradicar los déficits estructurales en las plantillas de las distintas Administraciones Públicas

Madrid 22 de octubre de 2020

Los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública demandan el cumplimiento íntegro de los Acuerdos suscritos en el 2017 y 2018 en materia de empleo, estabilización y consolidación, planes de igualdad, retribuciones, jornada y resto de materias contenidas en los mismos

Igualmente exigen abrir de manera inmediata la negociación de un Nuevo Acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo y seguir mejorando las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, desterrar definitivamente la precariedad, incrementar las plantillas y eliminar las limitaciones generadas por la tasa de reposición

En este sentido igualmente resulta imprescindible un mayor compromiso con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, y el resto de materias, tales como la carrera y clasificación profesional, jubilación anticipada, planes de igualdad o la formación en clave digital

Por ello los sindicatos firmantes hemos requerido a la sra. ministra que abra el diálogo de forma permanente y en correspondencia con el desempeño de los cometidos a los que su cargo en el Gobierno le obliga. Así como ponga fecha de manera inmediata a la preceptiva negociación de los PGE 2021 y la negociación de un nuevo acuerdo de la función pública tal y como se comprometió en el mes de junio

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CCOO incrementa las movilizaciones para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la Administración General del Estado

CCOO incrementa las movilizaciones para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la Administración del Estado

El sindicato mantiene la campaña que inició en junio y anuncia nuevas concentraciones en Granada, Sevilla, Cádiz y Málaga, como continuación en marcha con tres convocatorias llevadas a cabo en Madrid y que se extenderán al resto de provincias durante las próximas semanas, ante los flagrantes incumplimientos

CCOO ha anunciado la continuación de la campaña ‘Cumple sin recortes’, que el sindicato puso en marcha a finales de junio para denunciar firmados por el Gobierno en el ámbito de la Administración General del Estado acumulan más de un año y medio de demora. Entre otros, destacan los recortes salariales por la no aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral, la dejadez en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público y de estabilización, la paralización de la negociación del III Plan de Igualdad, la distribución de los fondos adicionales 2018 Básico del Empleado Público mediante la Ley de Función Pública AGE

“Llevamos tres meses evidenciando estos graves y vergonzosos incumplimientos porque, además de los derechos del personal público, se está poniendo en riesgo la prestación de servicios públicos y, por tanto, la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”, señala José Manuel Vera, secretario general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO. “Nos sentimos engañados por el Gobierno cuando se dilata sin justificación el desarrollo de las medidas que comprometemos”

Para el sindicato, la lista de contenido a negociar no concluye ahí. “Es urgente poner en marcha la jubilación anticipada parcial a partir del 1 de enero de 2021, ya que fue un aspecto clave para alcanzar un acuerdo en el IV Convenio Único, y a tres meses de esa fecha no tenemos ningún borrador a la vista”, lamenta Vera. CCOO considera imprescindible incorporar otras negociaciones que se han convertido en inaplazables, como la regulación del teletrabajo

“A todo esto se suma el jarro de agua fría que recibimos la semana pasada con los comentarios de algún miembro del Gobierno sobre la posible congelación salarial en 2021. Cuando todavía no hemos recuperado el 14 % de pérdida de poder adquisitivo acumulado desde 2008, vuelven los recortes sobre el personal que , entre otros servicios públicos esenciales, tramita el IMV, los ERTE y los subsidios de empleo del hogar, atiende la reinserción en centros penitenciarios, o investiga vacunas y nuevos test para la detección de la COVID-19", denuncia Vera

CCOO recuerda que, además de las concentraciones presenciales que ha realizado en Madrid los días 26 de junio y 9 y 30 de julio, convocó varias jornadas de huelga en el Ministerio de Cultura y ha llevado a cabo protestas a través de las redes sociales. “Planteamos asuntos que preocupan al personal de la Administración del Estado, como el empleo público, el desarrollo de la carrera profesional, la prevención de riesgos laborales o los incrementos retributivos". El sindicato llevará ahora sus demandas por todo el territorio, continuando las movilizaciones en Granada el 21 de septiembre y Sevilla el 1 de octubre

En referencia a la comunicación de CSIF y UGT, que anunciarán hoy la convocatoria de acciones por el Convenio Único, CCOO entiende que es positivo que se sumen ahora a esta visibilización del conflicto, y recuerda que ha ofrecido al resto de organizaciones sindicales unirse a la plataforma puesta en marcha, pues considera que es imprescindible vislumbrar el todal de incumplimientos del Gobierno, en lugar de desviar la atención únicamente hacia uno de ellos

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Noticia publicada en un medio de comunicación: el Pacto de Toledo rechaza 'meter tijera' en la jubilación de los funcionarios

Publicado en los medios de comunicación hoy (en cursiva la noticia copiada literalmente):

"Seguridad Social asumirá su gestión en octubre

El Pacto de Toledo rechaza 'meter tijera' en la jubilación de los funcionarios

Los partidos excluyen la reforma del sistema de clases pasivas de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad a futuro de la Seguridad Social y acallan los rumores de recortes de los últimos meses

El colectivo de en torno a un millón de funcionarios que a día de hoy continúa encuadrado en el Régimen Especial de Clases Pasivas - el sistema especial de protección social para empleados públicos cuyas puertas de entrada se cerraron en 2011 para encauzar a todos los nuevos funcionarios hacia el Régimen General de Seguridad Social- puede respirar tranquilo. El Pacto de Toledo ha venido a acallar los rumores y especulaciones que apuntaban a un posible cambio inminente en sus condiciones de acceso a la jubilación y ha excluido la potencial reforma de este régimen especial del catálogo de medidas que los partidos políticos ya han comenzado a negociar para evacuar lo antes posible sus recomendaciones para garantizar la sostenibilidad futura a medio y largo plazo del sistema publico de pensiones

Según confirman fuentes de la comisión parlamentaria, la posible reforma del Régimen Especial de Clases Pasivas no formará parte de las deliberaciones de los grupos parlamentarios en la búsqueda y concreción de las recetas que conduzcan al sistema de Seguridad Social a un equilibrio a largo plazo. Es más, según estas mismas fuentes, el asunto ni siquiera ha sido puesto sobre la mesa ni por el Gobierno ni por ninguna de las formaciones parlamentarias presentes en la comisión, al contrario de lo que sucedió en la tortuosa última ronda de negociaciones en la que el Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por Fátima Báñez, instó a la comisión a explorar posibles soluciones para un régimen de protección social deficitario y que además ampara algunas situaciones de agravio comparativo respecto al Régimen General de la Seguridad Social

En los últimos meses las especulaciones y la sensación de inquietud de los empleados públicos en torno al futuro del sistema de jubilación del régimen de clases pasivas se han disparado al calor de una decisión administrativa aparentemente inocua: el traspaso de la gestión del régimen desde la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda, que tradicionalmente se ha encargado de la misma, hacia el nuevo Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá. La medida se presentó como una decisión meramente funcional, que perseguía concentrar por primera vez en un único departamento ministerial la gestión de todos los sistemas públicos de pensiones, los que agrupan a los trabajadores del sector privado y el de los empleados públicos. Sin embargo, en el ámbito de la Función Pública hubo actores que interpretaron el movimiento como un primer paso para la integración del Régimen Especial de Clases Pasivas en el Régimen General de la Seguridad Social, una maniobra que ya se intentó en 2011 cuando las estrecheces presupuestarias obligaron al Ejecutivo a replantearse absolutamente toda la gestión pública

Los intentos por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, incluso del ministro José Luis Escrivá en primera persona, por calificar esas especulaciones como 'bulos' y por descartar cualquier cambio inminente en el sistema como consecuencia de la asunción de las competencias sobre el mismo - que debería concretarse este mes de octubre - no han terminado de convencer entre los empleados públicos, que han seguido recibiendo desde canales no oficiales advertencias sobre la intención del Ejecutivo de meter la tijera en su privilegiado régimen de jubilación, en el que se encuadran funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, de la Administración de Justicia, de las Fuerzas de Seguridad y de las Cortes , incluidos altos cargos políticos, como expresidentes o exministros

El 'chollo' de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión

Cuando el Ministerio de Trabajo de Fátima Báñez instó al Pacto de Toledo a darle una vuelta al futuro del Régimen Especial de Clases Pasivas se apoyó en dos argumentos principales. El primero era que el sistema era deficitario para las arcas públicas y que, además, esa brecha iba creciendo con el tiempo ya que el incremento de los perceptores de prestación - 652.905, según el último dato del mes de julio- no se compensa con un mayor volumen de aportantes, ya que la puerta de entrada al régimen se cerró en el año 2011. Es decir, que se trata de un régimen de gasto creciente e ingresos menguantes

El segundo que amparaba una serie de situaciones que generaban un agravio comparativo con los trabajadores del Régimen General. La más flagrante, la posibilidad que tienen los empleados públicos adscritos al Régimen Especial de Clases Pasivas de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión, sólo acreditando 30 años de carrera profesional. Hay que recordar aquí que en el Régimen General te puedes jubilar como muy pronto a los 65 años y tienes que acreditar 37 años cotizados. Este factor es el flanco que más preocupa a los adscritos al sistema. En un contexto político en el que el objetivo declarado es retrasar la edad real de jubilación un año para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, un régimen que permite jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión se puede percibir como una anomalía

El escenario viene agravado por la utilización intensiva de esa posibilidad de la jubilación voluntaria por parte de los empleados públicos adscritos a ese régimen. Casi tres de cada cuatro jubilaciones en clases pasivas se producen antes de los 65 años. En el último ejercicio para el que se tienen datos, el de 2018, de los 24.443 empleados públicos que se jubilaron ese año, más de 17.000 lo hicieron utilizando la vía voluntaria para jubilarse antes de los 65. Sin penalización alguna por la maniobra, la pensión media de los empleados en clases pasivas ronda los 1.700 euros, mientras que los jubilados del Régimen General tienen una pensión media que no llega a 1.200 euros."

Nota: los subrayados son nuestros

Enlace a esta noticia

COMENTARIOS DE CCOO SOBRE LAS MENTIRAS DE ESTA NOTICIA O LA DESINFORMACIÓN INTERESADA O NO DE LA MISMA (el comentario sí es nuestro)

1.- Dice el texto de la noticia que comentamos: "que además ampara algunas situaciones de agravio comparativo respecto al Régimen General de la Seguridad Social. "

Comentario de CCOO: Las diferencias entre ambos regímenes de jubilación (Seguridad Social y Clases Pasivas) no se limitan a poder jubilarse de forma anticipada a los 60 años en el segundo de estos regímenes, mientras en el primero la edad para la jubilación anticipada es, en la actualidad, como muy pronto, a los 63 años (2 años antes de la fecha en que corresponda según los años cotizados)

Otra diferencia también muy importante, que no se cita en la noticia, y parece que se olvida de forma interesada, es que en el Régimen General de Seguridad Social, el cálculo de la pensión se hace sobre los últimos 25 años, mientras en el de clases pasivas se hace sobre toda la vida laboral (los 35 años exigidos para alcanzar el 100 % del haber regulador)

Otro olvido de la noticia publicada (intencionado o no, pero como mínimo que genera mucha confusión), es que mientras en el Régimen General de SSocial, la cuantía de la pensión se calcula sobre las cuantías de la base reguladora que incluye todas las cantidades percibidas (especialmente importante para los grupos de titulación desde A2 para abajo) mensualmente, en la de Clases Pasivas, la cuantía de la pensión se hace sobre el denominado Haber Regulador, cuya cuantía es siempre muy inferior a las cantidades realmente percibidas. Por tanto, la cuantía de la pensión del Régimen General de SSocial es muy superior sobre la de clases pasivas, para personas con el mismo nivel de titulación y salarios brutos iguales

2.- Expresa la noticia también: El 'chollo' de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión (...) la posibilidad que tienen los empleados públicos adscritos al Régimen Especial de Clases Pasivas de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión, sólo acreditando 30 años de carrera profesional

Comentario de CCOO: Si se refiere como chollo jubilarse a los 60 años con el 100 % de la pensión con 30 años de cotización, o el medio de comunicación desconoce el sistema de clases pasivas, o lo conoce y miente de forma deliberada

Porque este sistema de clases pasivas no permite jubilarse a los 60 años con el 100 % de la pensión, si se ha cotizado solo 30 años

Para alcanzar el 100 % de la pensión a los 60 años, jubilándose anticipadamente, se necesitan 35 años de cotización, pues en caso de hacerlo con solo 30 años (ver art. 31 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, legislación consolidada), solo se alcanza el 81,73 % del haber regulador, que, ya hemos dicho antes, es muy inferior además a la base reguladora del régimen de seguridad social para salarios iguales brutos de personas con el mismo nivel de titulación (especialmente para los grupos A2, C1, C2 y E)

En resumen, si bien la noticia publicada recoge otros aspectos en los que no falta a la verdad, al menos en estos citados por nosotros, la noticia no es ni veraz ni expresa los aspectos muy negativos del sistema de clases pasivas en relación con el de Seguridad Social

Informar es no solo lanzar noticias, sino ajustarse a la verdad, reseñando las diferencias tanto positivas como negativas, y, en el caso de las pensiones públicas, es imprescindible señalarlas con absoluta precisión si no se quiere caer en demagogias fáciles que confundan aún más a las personas afectadas

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Nota de prensa publicada en la web del Ministerio de Justicia: el Gobierno propone una modificación normativa para mejorar la seguridad jurídica de las CCAA frente a la pandemia

Reproducimos esta nota de prensa publicada en la web del Ministerio de Justicia, si bien es del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

El Gobierno propone una modificación normativa para mejorar la seguridad jurídica de las medidas que establezcan las CC.AA. para hacer frente a la pandemia

1 de septiembre de 2020.- La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han anunciado que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, propone una modificación normativa al resto de los Grupos Parlamentarios con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de las medidas limitativas de derechos fundamentales que las distintas CC.AA. y Ayuntamientos deban tomar en sus respectivos ámbitos territoriales para hacer frente a los rebrotes de la pandemia

Consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con cuatro objetivos: 1) Atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso administrativo, para las medidas de carácter general. 2) Establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones. 3) Establecer un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. 4) Incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos

La iniciativa del Gobierno persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común. Asimismo, pretende dotar a CC.AA., y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio

Esta propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve

Enlace a la nota de prensa en la página web del Ministerio de Justicia

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CCOO denuncia la pasividad del Gobierno ante la mercantilización de servicios públicos de la Administración del Estado

CCOO denuncia la pasividad del Gobierno ante la mercantilización de servicios públicos de la Administración del Estado

El sindicato alerta de la pérdida de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos por la falta de actuaciones contra la venta de citas previas, y alerta del grave riesgo social de este modelo de Administración al servicio de quienes pueden pagar. Apunta a la falta de personal público y a la dejadez en la digitalización como elementos de deterioro

Madrid, 6 de julio de 2020

CCOO ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno ante la venta de citas previas para servicios públicos como el SEPE, Seguridad Social, AEAT o Extranjería a través de páginas web y aplicaciones para móviles. Una reventa que pone en riesgo los datos de carácter personal de quienes hacen uso de ellos, y que, sobre todo, incrementa la vulnerabilidad de las personas más desfavorecidas, que son, precisamente, las que necesitan más ayuda para el acceso a estos derechos

“La atención telemática tiene que ser un derecho, y no un medio único”, sentencia José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración General del Estado. “Esto requiere un refuerzo evidente de la atención presencial, garantizando medios suficientes tanto en personal público como de equipos informáticos y programas actualizados y eficientes. Sin estos elementos, es imposible garantizar la igualdad, objetividad y transparencia en el acceso a los derechos de la ciudadanía, y poner en práctica esa coletilla que viene usando el Gobierno de no dejar a nadie atrás”

El sindicato recuerda que el gasto en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en 2018 fue el más bajo para la Administración General del Estado en los últimos 8 años, con 1.415 millones de euros, según el Informe REINA 2019. “La distribución de estas cuantías es muy desigual, mientras que el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social dedicaba el 11,23 % de su presupuesto, Fomento se quedaba en el 0,96 %”. Entre los que presentan mayor ratio encontramos a Energía, Turismo y Agenda digital (8,96 %) y Justicia (7,87 %), situándose los otros diez ministerios por debajo del 5 %

“El primer paso para poner soluciones está al alcance del Gobierno, que solo tiene que ejecutar con celeridad las ofertas de empleo público de 2018 y 2019, incluyendo las de estabilización del empleo temporal, para empezar a resolver la falta estructural de plantilla que acumulamos”, resume Vera. “Y, como segunda medida, reconducir la política de privatizaciones hacia un modelo de gestión con personal público, para lo que cuenta con instrumentos legales que permiten la contratación para situaciones puntuales de acumulación de tareas, como la que se viene produciendo estos meses”

CCOO destaca, además, la imprescindible inversión en TIC, que pasa necesariamente por incrementar el presupuesto dedicado a estas partidas. “No deja de ser llamativo que la publicación de la puesta en marcha de la Administración Electrónica coincida con el menor gasto informático en ocho años, con dos bajadas presupuestarias, del 20 % en 2017 y del 13,78 % en 2018”, concluye Vera

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El decreto, que el Gobierno aprobará el martes, plantea multas de hasta 100 euros para quien no lleve mascarillas en lugares públicos cerrados

Varios medios de comunicación informan de la aprobación en el próximo consejo de ministros:

El decreto de la nueva normalidad mantiene las mascarillas obligatorias y exige a las comunidades prepararse ante rebrotes, pero no limita la movilidad

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias tras el estado de alarma

Así será el decreto que regulará la nueva normalidad: la mascarilla seguirá siendo obligatoria tras el estado de alarma

En los centros de trabajo, la dirección de la empresa deberá adoptar medidas de limpieza y desinfección adecuadas, poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos y adaptar la ordenación de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y las condiciones de trabajo de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de entre 1,5 y 2 metros. En caso de que esto no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

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El Sector de Justicia de la Región de Murcia mantiene una reunión con el Delegado del Gobierno

El sector de Justicia de CCOO se ha reunido con el Delegado de Gobierno

Después de varias solicitudes de reunión a varios representantes del gobierno en la región, sin resultado, por fin han podido trasladarle la reivindicación histórica referente a los Juzgados de Guardia de Cartagena

Esta mañana el sector de Justicia de CCOO de la región de Murcia ha tenido una reunión con el delegado del Gobierno, asistiendo el Secretario General, trasladándole nuestra reivindicación histórica referente a los Juzgados de Guardia de Cartagena.

Juzgado de Guardia que está sufriendo la entrada masiva de migrante a nuestras costas y que desde hace muchos años está cambiando la normalidad de los juzgados siendo necesario tomar una serie de medidas dándole traslado de las inquietudes que tenemos al respecto cómo sería la creación de un centro de recepción y estancia provisional de personas migrantes en Cartagena con los medios necesarios de Policía Nacional y terminal informática suficiente conectada a los servidores de la Administración de Justicia para realizar este trabajo, asi como ser alojamiento y lugar de prestación de declaraciones de estas personas hasta que se dicte la resolución que proceda sobre su situación legal.

Esto daría lugar a que las personas migrantes tendrían una estancia digna y al mismo tiempo los trabajadores y trabajadoras de la administración de Justicia podrían realizar su trabajo mucho más eficaz y eficientemente.

Al mismo tiempo han trasladado que todas estas aportaciones, se le trasladaran al Tribunal Superior de Justicia, en las reuniones que se están manteniendo con el mismo a las que les hemos solicitado estar presentes, dado que el Sector de Justicia de CCOO de la Región de Murcia es el sindicato mayoritario.

El Delegado del Gobierno se ha comprometido a la futura creación de nuevo centro en Cartagena, trasladando esta petición a los correspondientes Ministerios, centro que ayudara a la atención de las personas migrantes y al mismo tiempo facilitar la labor judicial hasta tanto se resuelva sobre la situación de las mismas.

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El Ministerio de Justicia anuncia la Fase 3 del Plan de Desescalada en la Administración de Justicia para la semana del 9 de junio

Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia una Nota de Prensa en la que se indica que "La Comisión, compuesta junto al Ministerio por miembros del CGPJ, Fiscalía General del Estado, CCAA y Consejo General de la Abogacía, ha acordado avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, la semana del 9 de junio, con el 100% de efectivos trabajando presencialmente en los juzgados"

Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, a partir del próximo 9 de junio

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Gaceta Sindical. Las medidas sociales aprobadas Gobierno recogen en parte demandas de CCOO

CCOO ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical ante las nuevas medidas socioeconómicas aprobadas por el Gobierno, el 31 de marzo, que recogen en parte las demandas de CCOO y suponen un alivio para algunos de los colectivos más vulnerables, como una parte de las personas desempleadas, las empleadas de hogar, las familias que no pueden asumir el pago del alquiler y las víctimas de violencia de género.

Medidas que también contribuirán a aliviar la situación de Pymes y autónomos.

CCOO considera que hay que seguir avanzando en la adopción de medidas, desde el marco del diálogo social, con la premisa de no dejar a nadie atrás en esta crisis generada por el coronavirus.

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La crisis sanitaria aflora también las carencias del servicio público de la Administración de Justicia

• Las medidas publicadas en el BOE de 1 de abril para agilizar, tras el estado de alarma, la actividad en los juzgados de lo social, contencioso-administrativo y mercantiles, están abocadas al fracaso por la crónica falta de medios en la Administración de Justicia

La disposición adicional 19ª del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado hoy en el BOE establece que el Gobierno aprobará, en el plazo máximo de 15 días tras el estado de alarma, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil, con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Para CCOO, los datos indican que la situación de estos juzgados antes de esta crisis, como toda la administración de justicia, presentaba un panorama desolador: decenas de juzgados atascados o al borde del colapso, atrasos de años en la resolución de los procedimientos, señalamientos de juicios para dentro de dos o tres años, etc

Los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial son absolutamente explícitos:

Tipo de Juzgado	Asuntos ingresados en 2019 (media por órgano)	Carga anual de asuntos máxima por órgano estimada por el CGPJ (BOE 29/12/18)	Asuntos pendientes de resolver (media por órgano)
Juzgados de lo Social	1061,50	800	807,68
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo	598,30	570	408,88
Juzgados de lo Mercantil	1089,78	435	1063,43

Estas cifras medias implican que, en determinados juzgados, el volumen de asuntos ingresados duplica o incluso triplica los módulos de carga de trabajo y, por tanto, es imposible su atención con los medios de que se dispone. Y lo mismo con el número de asuntos pendientes de resolver que, en muchos casos, supera en dos o tres veces el número de asuntos que ingresan cada año.

CCOO calcula que alrededor de 400 juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales y de todo el territorio nacional mantienen en la actualidad retrasos inasumibles en la resolución de los asuntos y una cifra similar (400 juzgados) reciben cada año cargas de trabajo que es imposible atender.

Solo para actualizar el retraso CCOO estima que sería necesaria la contratación de 400 jueces/zas y 3.500 funcionarios/as de refuerzo del resto de los cuerpos, como así lo ha solicitado CCOO al Congreso de los Diputados y a los sucesivos gobiernos en reiteradas ocasiones.

Con este panorama, CCOO se pregunta cómo se va a acometer el plan de agilización que disponen las medidas extraordinarias acordadas en el Boletín Oficial del Estado. La experiencia reciente de las medidas adoptadas por el CGPJ para los juzgados habilitados para atender las demandas de cláusulas suelo y otras reclamaciones hipotecarias ha sido decepcionante para la ciudadanía, que sigue viendo cómo la resolución de sus reclamaciones se retrasará durante años por la falta de medios, beneficiando, eso sí, a las entidades bancarias que cobraron cantidades indebidas.

Ha quedado claro, durante esta crisis que estamos padeciendo, que la inversión en Sanidad Pública y Servicios Sociales es imprescindible para atender los derechos básicos de la ciudadanía. También otros servicios esenciales como la Educación Pública exigen mejoras sustanciales de medios materiales y personales. Pero el servicio público de la Administración de Justicia es también un pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho que propugna nuestra Constitución para la defensa de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía. Y si no se dota este servicio esencial de medios suficientes, como ha venido ocurriendo durante toda la etapa democrática, las medidas de agilización que se anuncian no serán más que un brindis al sol.

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Es falso que se vaya a recortar el salario un 2% a las empleadas y empleados públicos

• Ante la noticia recogida en un medio de comunicación, el Área Pública de CCOO se ha puesto en contacto inmediatamente con el Gobierno, que ha desmentido que esté planteándose ese recorte.

Desde el Área Pública de CCOO, queremos hacer un llamamiento de tranquilidad a los más de tres millones de empleadas y empleados públicos, que tienen garantizados sus empleos, sus condiciones de trabajo y sus salarios.

Queremos igualmente agradecer al conjunto de empleadas y empleados públicos el esfuerzo que están haciendo para garantizar y velar por la salud de nuestros conciudadanos y conciudadanas, en centros sanitarios, en centros sociales, residencias de mayores, en la seguridad de nuestras calles, en definitiva, en todos los estamentos de nuestra sociedad.

Una vez más se pone de manifiesto la necesidad de tener unos servicios públicos como garantía de calidad de la prestación que requiere y necesita nuestra sociedad.

Por último, denunciamos que, con noticias falsas, quieren poner en cuestión la encomiable labor de las empleadas y empleados públicos, que en muchos casos se están jugando la vida por salvaguardar las nuestras.

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CCOO seguirá trabajando para la consolidación y estabilización del empleo público, contra la precariedad y por la ampliación de las plantillas

• Analizamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, conocida hoy, sobre los asuntos C-103/18 y C429/18 (acumulados) sobre abuso o fraude en la contratación.

En el día de hoy hemos conocido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre abuso o fraude en la contratación en el ámbito de las administraciones públicas. En un primer análisis pasamos a extraer y detallar lo más significativo de la misma.

Antes de exponer los términos de la sentencia, una vez más queremos reiterar nuestro compromiso con la estabilidad del personal interino y temporal, siempre atendiendo a los cauces legalmente establecidos para no frustrar lo que tiene que ser el mecanismo que acabe de una vez por todas con esta situación de precariedad.

La sentencia, conocida en la mañana de hoy, no arroja diferencias sustanciales respecto de otros precedentes sobre idéntica materia. Su contenido, en esencia, es el siguiente:

• La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada, sin perjuicio de la obligación de contar con otra medida que resulte efectiva para evitar o sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos temporales.
  
• Remite a los órganos jurisdiccionales nacionales el examen tanto de la existencia de abuso, como de la medida sancionadora que, en su caso, proceda. Este pronunciamiento ya tuvo reflejo en las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de septiembre de 2018. Hay que recordar que, en la STS de 26 de septiembre de 2018, dictada en el recurso 1305/2017 -caso Castrejana López-, ya se dijo que el remedio al abuso -constatado y probado- de la temporalidad del personal funcionario interino no es la conversión en indefinido no fijo ni ninguna otra figura análoga propia de la jurisdicción social, sino el mantenimiento de la relación funcionarial. Conviene recordar que el Alto Tribunal no se pronunció sobre la procedencia o no de indemnización en el momento de la sentencia en el caso concreto, argumentando que los daños debieron invocarse en el proceso y estar ligados al producido por la situación de abuso, debiendo acreditarse el mismo.
  
  En idénticos términos se pronunció la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 1425/2018 -caso Martínez Andrés-, también de 26 de septiembre, en aplicación del art. 9.3, in fine, de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
  
  Lo que resulta evidente es que, a falta de una concreta sanción aplicable en nuestro marco normativo nacional, una vez constatado el abuso constante la prestación de servicios, es preciso anudar a aquél una sanción específica, suficientemente disuasoria para la administración como empleadora, que a todas luces se orienta a una concreción económica.
  
• El hecho de que el empleado haya consentido sucesivos contratos no priva a estos de la consideración de su carácter abusivo, lo que encuentra total encaje con la construcción del Derecho del Trabajo, que se articula sobre la base de la posición de debilidad de las personas trabajadoras respecto del empleador y de ello se hace eco el TJUE al afirmar que “debido a su posición de debilidad respecto del empleador, puede ser víctima de una utilización abusiva, por parte de este, de relaciones laborales de duración determinada sucesivas” de tal modo que “aun cuando el establecimiento y la renovación de esas relaciones laborales se hayan consentido libremente, podría disuadir al trabajador de hacer valer expresamente sus derechos frente al empresario”.

Como conclusión, desde el Área Pública de CCOO, exigimos al Gobierno y al conjunto de administraciones públicas, responsabilidad, cumplimiento de los acuerdos, reconocimiento de toda la experiencia y profesionalidad del personal que se encuentra en esta precaria situación, absolutamente ajeno a su voluntad, así como, una vez hayamos superado el estado de alarma como consecuencia de la propagación del COVID-19, se agilicen todos los procesos selectivos, con especial atención a los de estabilización y consolidación en el empleo, que deben ajustarse a la situación de excepcional, a diferencia de las ofertas de empleo público ordinarias.

Igualmente instamos a que se pongan en marcha, de una vez por todas, las medidas disuasorias y sancionadoras para evitar el abuso o fraude en la contratación, que debe conllevar además la sanción y responsabilidad de los gestores públicos que la incumplan.

Por último, instamos igualmente al Gobierno a acometer los planes de empleo necesarios para recuperar el empleo público perdido, poner en marcha las medidas necesarias para evitar la disminución del empleo público como consecuencia de las jubilaciones por el envejecimiento de las plantillas y reforzar los servicios públicos, que se han visto, ahora más que nunca, imprescindible para garantizar los derechos a la ciudadanía.

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CCOO considera que no hay impedimentos para cobrar la subida salarial el 1 de enero

• CCOO exige al Gobierno que busque las soluciones jurídicas para cumplir los acuerdos con el personal público en cuanto las Cortes estén constituidas.

El Área Pública de CCOO se ha entrevistado hoy con el ministro en funciones de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, para darle traslado en persona de las reivindicaciones y propuestas que a lo largo de varios meses han venido manifestando al Gobierno.

El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez ha provocado una importante parálisis que afecta a la totalidad de las políticas del país, con una manifestación más aguda en los asuntos laborales y sociales que venimos padeciendo las empleadas y empleados públicos, sobre los que se ha descargado una parte considerable de las políticas austericidas de los pasados gobiernos.

CCOO le ha trasladado al Gobierno en varias cartas la necesidad imperiosa de concretar acuerdos para el cumplimiento de lo firmado en el II Acuerdo para la mejora del empleo público, con especial atención a los incrementos salariales para el año 2020, la correcta ejecución de las Ofertas de Empleo Público (OEP), y la aplicación y desarrollo de las políticas de igualdad en las Administraciones Públicas con la dinamización de los correspondientes planes de igualdad.

La inestabilidad política existente en España desde hace demasiados años y las diferentes crisis institucionales, no pueden gravar de forma onerosa la necesaria modernización de las Administraciones Públicas, no pueden ser una coartada para el deterioro de los servicios públicos y no pueden ser el motivo que vuelva a deteriorar la negociación colectiva para un colectivo de más de tres millones de trabajadoras y trabajadores, precarizando el empleo en las diferentes administraciones.

La voluntad manifestada públicamente por CCOO de mantener la presión sobre el Gobierno para exigir el cumplimiento de los acuerdos y su desarrollo, tiene como primera expresión esta reunión, que más allá del acto protocolario, que llega con demasiado retraso y en plena precampaña electoral, supone un reconocimiento al esfuerzo que vienen desplegando nuestras compañeras y compañeros en los centros de trabajo y Administraciones, pues sin ellos y su manifiesta capacidad para movilizarse no se habría producido el encuentro.

El Gobierno se compromete, una vez formado el próximo Ejecutivo, a cumplir los términos de lo pactado. Siendo un paso importante el reconocimiento de hoy, para CCOO el compromiso de buenas intenciones tiene que estar calendarizado y sometido a los pasos legislativos oportunos, como es la ejecución de una norma legislativa que establezca en lo inmediato los incrementos salariales para 2020, con la plena información y puesta en conocimiento de las organizaciones sindicales firmantes del II Acuerdo.

Además, debe reforzarse el plan de seguimiento y cumplimiento de las medidas de empleo necesarias para la estabilización de las plantillas del personal interino y temporal, hasta alcanzar la cifra de reducción contemplada en el II Acuerdo, bajándola del 24% hasta el 8%, lo que actualmente ha experimentado un incremento de 4 puntos con respecto al momento de la firma en 2018, según las estimaciones recientes de la EPA, lo que supone un serio revés y además debe establecerse un plan concreto de despliegue de la negociación de las medidas y planes de igualdad.

Estas iniciativas exigen de la inmediata convocatoria de la Comisión de seguimiento del II Acuerdo, con la presencia activa del Gobierno, sin mayores demoras.

Estimamos que existe el suficiente consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias como para poder llevar a efecto estas medidas, lo que no sufrirá modificaciones en las próximas semanas, a la luz de lo que están adelantando todas las encuestas electorales.

Ha habido meses para cerrar estos aspectos, desaprovechados incluso para poder acometer algunas iniciativas que hemos venido apuntando como elementos para un nuevo Acuerdo que incluyera el desarrollo y actualización del EBEP en materia de empleo, cualificación y carrera profesional, entre otros. Como se nos ha repetido en varias ocasiones por la actual Administración, era una herencia del gobierno Rajoy con la que no se sentían plenamente identificados.

No solo no se ha evidenciado o puesto de manifiesto cuáles son las propuestas del gobierno Sánchez con respecto a las empleadas y empleados públicos, sino que se ha paralizado el desarrollo de lo acordado y colocado en el terreno de la incertidumbre los incrementos salariales para 2020.

CCOOO celebra que se rompa el silencio gubernamental y las trabajadoras y trabajadores públicos entremos en la agenda de Pedro Sánchez, aunque sea para tener el protagonismo de unos segundos en los medios de comunicación, pero queremos advertir que ello no nos contenta, no nos satisface y que la recuperación de todos los derechos arrebatados por las políticas austericidas emprendidas por los gobiernos pasados, es para el sindicato una guía y nos señala el camino de la movilización y la negociación.

Propuestas del Área Pública de CCOO ante las próximas elecciones generales

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CCOO señala la irresponsabilidad de llevar a la ciudadanía a la repetición de las elecciones

• Unai Sordo: “Es una oportunidad perdida de manera irresponsable”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de “oportunidad perdida” el fracaso de las conversaciones para conseguir la investidura de un gobierno progresista y estable. Sordo ha lamentado la situación que nos aboca, de manera “irresponsable”, a una disolución del Parlamento y a una convocatoria de nuevas elecciones, una vez que el jefe del Estado ni siquiera propondrá candidato a la sesión de investidura en el Congreso.

Desde CCOO hemos mantenido durante muchas semanas una posición muy clara respecto a las negociaciones para conseguir la investidura parlamentaria de un gobierno estable que hiciera posible un programa decididamente progresista. “Nos parecía -y aún nos sigue pareciendo- que la mayoría social, las y los trabajadores en España, no entenderían de ningún modo el irresponsable empantanamiento de las negociaciones políticas alrededor de la formación de ese necesario gobierno”, dice Unai Sordo. “Pero ha sido muy parecido a clamar en el desierto”.

Y lo cierto, es que a juicio del sindicato el país necesita un gobierno ya. No son pocos los retos interiores y exteriores a los que nos enfrentamos, que hacen de la necesidad de una legislatura productiva una verdadera urgencia: desaceleración económica, la derogación de la reforma laboral, formación profesional, la digitalización de la economía, las políticas industriales y la transición ecológica, la financiación suficiente y estable del sistema público de pensiones y la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores son asuntos a abordar cuanto antes. También el posible escenario de un ‘Brexit’ no negociado, el conflicto arancelario o la escalada de los precios del petróleo, a nivel internacional.

El sindicato advertía ayer –pero lo seguimos haciendo hoy- que fiar el destino de un gobierno posible desde la izquierda a las encuestas era jugar a la ruleta rusa. “Volveremos a las urnas. Hay que evitar un aumento de la distancia entre la ciudadanía y la política, fuente primera de la democracia. El acuerdo es necesario y posible”, ha zanjado Unai Sordo.

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La ministra de Hacienda anuncia por fin el incremento adicional del 0.25 % de los salarios de las y los empleados públicos, tal y como llevaba exigiendo CCOO desde hace semanas

• La ministra en funciones Montero adelanta que Hacienda incluirá el 0,25% adicional a funcionarios en la nómina de julio

CCOO LLEVABA EXIGIENDO SEMANAS QUE EL GOBIERNO ANUNCIARA DE UNA VEZ ESTE INCREMENTO SALARIAL PARA TODOS LOS Y LAS EMPLEADAS PÚBLICAS, QUE FUE PACTADO POR EL GOBIERNO ANTERIOR CON CCOO Y OTROS DOS SINDICATOS EN LA MESA GENERAL DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, con incrementos salariales por encima del IPC

Se alcanza por fin lo pactado en la Mesa General para 2019: el incremento salarial directo para todas las y los empleados públicos en 2019 será del 2,50% sobre el salario de 31 de diciembre de 2018, acuerdo firmado exclusivamente con CCOO, UGT y CSIF
Y esta aumento de los salarios de todos los trabajadores/as públicos debe incrementarse, tal y como exige CCOO, con las cantidades pactadas en el mismo acuerdo de reparto de fondos adicionales, que el Ministerio de Justicia aún no ha llevado a cabo, y sí en cambio lo ha hecho para Jueces y Fiscales.

CCOO exige que de una vez el Ministerio de Justicia acuerde en mesa sectorial el reparto de los fondos adicionales, que llevamos exigiendo sirvieran para eliminar las diferencias salariales por estar destinado en una localidad u otra (grupos de población), y que mientras el Ministerio de Justicia si llevó a cabo esta propuesta para Jueces y Fiscales (reduciendo las diferencias por los grupos en estas carreras judicial y fiscal), no lo ha permitido para los cuerpos generales y especiales.

Este es el anuncio realizado hoy por la ministra de Hacienda en funciones: (Fuente: www.elpais.com)

Los empleados de las Administraciones Públicas cobrarán en la nómina de julio la parte variable de la subida salarial pactada entre los sindicatos y el anterior Ejecutivo del PP. Se trata de un 0,25% adicional a la subida del 2,25% que ya disfrutan desde enero. Así lo adelantó este martes la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, durante una visita a la delegación de la Agencia Tributaria de Guzmán el Bueno, la sede más grande del fisco en Madrid, para comentar el desarrollo de la campaña de la renta. “Creemos que para la nómina de julio ya se podrá abonar. Espero que no haya ningún inconveniente”, deslizó la ministra.

Esta subida salarial estaba prevista en el acuerdo para la mejora del empleo público suscrito en marzo del año pasado por el Ejecutivo de Rajoy y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, por el que el sueldo de los funcionarios subiría cerca de un 8% entre 2018 y 2021. En el acuerdo se pactó una parte de incremento anual fija y otra variable. Para 2019, se preveía un alza fija del 2,25% más otra variable del 0,25% condicionada a la evolución del PIB. La economía española creció el año pasado un 2,6%, según constató el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra es superior al 2,5% fijado como baremo para activar el complemento variable.

Los sindicatos llevan semanas reclamando al Ejecutivo que haga efectiva la subida, que se aplicará con carácter retroactivo desde julio al conjunto de los empleados públicos de todas las administraciones. Los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF) calculan que este aumento salarial supondrá un coste de unos 280 millones de euros para las arcas públicas de todas las administraciones.

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Nota de Prensa de CCOO: Acuerdo entre sindicatos y el Ministerio de Justicia para la convocatoria del proceso selectivo de personal funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia

• Por el sistema de concurso-oposición se convocarán en breve las 5.942 plazas del turno libre aprobadas por el Gobierno en las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018.

Madrid, 7 de junio de 2019

Se finalizará así la primera fase de estabilización del empleo público en la Administración de Justicia que se completará con una nueva convocatoria, derivada de la OEP de 2019, hasta reducir al 6% el índice de empleo temporal e interino que, en la actualidad, supera el 25%. Todo ello fruto de los acuerdos de 2017 y 2018 conseguidos por el Área Pública de CCOO con el Gobierno.

La convocatoria se efectuará de forma descentralizada. Por una parte, en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia (incluyen en una sola convocatoria a Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Y por otra, el resto de comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas, aunque las pruebas de acceso y las fechas de los exámenes serán las mismas en todos los territorios. Cataluña y el territorio no transferido (especialmente Baleares), por el alto índice de interinidad existente, serán las que oferten un mayor número de plazas, con más de 1.500 cada una.

El sistema de acceso exigirá a las personas aspirantes la superación de una fase de oposición compuesta de varios ejercicios eliminatorios y que supondrá un máximo del 60% de la puntuación máxima posible; quienes superen la oposición pasarán a una fase de concurso que podrá suponer el 40% restante de esa puntuación máxima. En esta fase de concurso se valorará la experiencia previa como personal interino, las titulaciones académicas distintas de las exigidas para el acceso, los cursos de formación de contenido jurídico, informático, de igualdad o salud laboral y la superación de exámenes de anteriores convocatorias, siendo la experiencia previa, con un 50% del total de los méritos valorables, la que tendrá mayor preponderancia en esta fase de concurso.

Las convocatoria de las pruebas selectivas comenzarán a publicarse en el BOE y boletines oficiales de las CCAA con competencias transferidas a partir del próximo mes de julio y el comienzo de dichas pruebas está previsto para el mes de octubre de este mismo año. Con ello, se prevé que el nuevo personal funcionario de carrera pueda tomar posesión de sus puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2020.

Estas pruebas afectan a los cuerpos funcionariales de Gestión Procesal y Administrativa, del grupo de titulación A2 para diplomaturas universitarias, grados y licenciaturas, Tramitación Procesal y Administrativa, del grupo de titulación C1 para Bachillerato y de Auxilio Judicial, del grupo de titulación C2 para Enseñanza Secundaria Obligatoria, que son los que desempeñan su labor en todos los órganos judiciales y fiscales del Estado.

La negociación de este acuerdo alcanzado ayer en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia se ha prolongado durante un año, con las dificultades que entraña el legítimo derecho del personal interino para que su experiencia previa le fuese valorada como un mérito de la máxima importancia, conjugado con los principios de igualdad, mérito y capacidad que la Constitución Española exige para el acceso a la función pública y que, también legítimamente, han reclamado las personas aspirantes que no han tenido ocasión de adquirir esta experiencia previa como personal interino.

CCOO valora muy positivamente el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia que de forma absolutamente equilibrada establece un sistema de acceso que respeta los principios constitucionales de acceso a la función pública, que ya han sido interpretados en estos términos por el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias.

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