Dolores Delgado, Fiscal de la Audiencia Nacional, nueva ministra de Justicia
CCOO
SOLICITA A LA NUEVA MINISTRA DE JUSTICIA UNA REUNIÓN
URGENTE Y EL INICIO INMEDIATO DE NEGOCIACIONES
La
paralización de la modificación del artículo 521 de la LOPJ, la devolución de
los 9 días de permiso por asuntos particulares y la subida del complemento
específico del ámbito no transferido entre las principales reivindicaciones que
CCOO ha planteado a Dolores Delgado
En el día de hoy, 7 de junio, fecha en que toma posesión la ministra de justicia del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, CCOO hemos presentado un escrito en el que le pedimos una reunión para plantearle los principales temas pendientes que ha dejado sin atender el ministro saliente.
En el escrito presentado le hemos puesto de manifiesto la necesidad de
que se dé total cumplimiento al acuerdo firmado en 2015 con el anterior ministro, Sr. Catalá, quedando pendiente de dicho acuerdo:
- La conversión en plantilla de las plazas de refuerzo estructurales de los Órganos Centrales.
- La devolución de todos los días de permiso que nos fueron recortados.
- La regulación negociada de las sustituciones y comisiones de servicio en el ámbito no transferido, con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- La modificación negociada de la orden de selección y nombramiento de personal interino del ámbito no transferido.
- La corrección de los errores en las cotizaciones a la Seguridad Social del personal interino, incorporando todos los períodos trabajados y no cotizados por la Administración.
- La asignación de medios para mejorar la formación profesional.
También hemos exigido la negociación y
convocatoria inmediata de las Ofertas de Empleo Público derivadas del Acuerdo de la Mesa General de Administraciones Públicas firmado con el anterior Gobierno por
CCOO y otros sindicatos en 2017.
Y también, en cumplimiento del Acuerdo de Mesa General de marzo de 2018, hemos vuelto a exigir la
retirada de los descuentos por IT, la negociación del
Plan de Igualdad para la administración de justicia no transferida y la
recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
En el apartado retributivo, hemos planteado a la nueva ministra la necesidad de abrir negociaciones para:
- La revisión al alza de las retribuciones complementarias del personal funcionario destinado en los Juzgados de Paz.
- La eliminación de los grupos de población en el Complemento General del Puesto, elevándose las cuantías de este concepto retributivo hasta alcanzar para todo el personal las que se perciben en Madrid y Barcelona.
- La extensión del complemento de productividad a todos los cuerpos funcionariales y no solo, como en la actualidad, a Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia.
- El reconocimiento de la carrera profesional horizontal, previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, existente en la inmensa mayoría de la Administraciones Públicas y no contemplado entre los derechos laborales y retributivos del personal de la Administración de Justicia en la LOPJ, que debe modificarse en este sentido.
- La subida lineal del complemento específico en todos cuerpos del ámbito no transferido en la cantidad de, al menos, 300 euros mensuales y la misma subida para Letrados y Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología.
También le hemos reclamado la retribución del
100% por todos los conceptos en los casos de sustitución en plazas del cuerpo de titulación superior; la elevación de los
fondos de acción social al 1% de la masa salarial global, comenzándose, como mínimo con la reposición de las cantidades anteriores a los recortes de 2012, y la
elevación de las prestaciones de la Mutualidad General Judicial, recuperándose también, como mínimo, las vigentes antes de los recortes de 2012.
Asimismo hemos traslado a la nueva ministra nuestras reivindicaciones en las siguientes materias:
- Para que defiendan en el Parlamento un Registro Civil totalmente público y gratuito, servido íntegramente por el personal funcionario de la Administración de Justicia, y con las mismas oficinas existentes en la actualidad en todos los partidos judiciales y Juzgados de Paz, así como la recuperación de las solicitudes de nacionalidad por residencia y la competencia exclusiva del Registro Civil de los expedientes previos al matrimonio civil.
- Recuperación del 50% de plazas de Promoción Interna para todos los cuerpos generales y especiales (también de Letrado/a a Juez/z o Fiscal y de Facultativo/a a Médico Forense y viceversa) y convocatoria extraordinaria con las plazas que se han dejado de convocar desde que se rebajó ese porcentaje al 30%. En todos los casos las plazas no cubiertas por promoción interna incrementarán las del turno libre.
- Le hemos solicitado la evaluación del funcionamiento de los SCOP de la Nueva Oficina Judicial y eliminarlos si, como defiende CCOO, entorpecen la tramitación de los procedimientos.
- Hemos solicitado la paralización inmediata de la implantación de las nuevas tecnologías hasta que se solucionen los problemas existentes.
- Le hemos solicitado también la creación de más juzgados y los incrementos de plantilla necesarios para equiparar las cargas de trabajo en todas las localidades y órdenes jurisdiccionales y para solucionar el colapso que soportan actualmente más de 300 juzgados de toda España.
- Mejora de las instalaciones y edificios judiciales donde se incumplen las exigencias mínimas en materia de seguridad y salud.
- Cursos de formación específicos y especializados en los Juzgados que intervienen en los delitos de violencia sobre la mujer y establecimiento de un complemento específico para estos órganos judiciales.
EL ARTÍCULO 521 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
El último día de plazo para presentar enmiendas en el Congreso de los Diputados a la Proposición de Ley, presentada inicialmente con el único objetivo de recuperar los días de permiso recortados, el Grupo Popular, cumpliendo instrucciones del Ministerio de Justicia, presentó una batería de más de 50 enmiendas con aspectos que nada tenían que ver con el objeto de la proposición de ley. Entre estas enmiendas y sin haber dado cumplimiento a la obligación legal de someter a la negociación colectiva la modificación de las condiciones de trabajo, figura la modificación del art. 521 con el objeto de
convertir el municipio (en lugar de los diferentes centros de trabajo del mismo)
en el único centro de destino del personal funcionario de la Administración de Justicia.
Consideramos desde CCOO esta propuesta como un ataque directo a las condiciones de trabajo del personal al que representamos ya que en un mismo municipio existen diferentes centros de destino actualmente con retribuciones también muy diferentes que no quedarían garantizadas. Además, en las grandes poblaciones, la dispersión de edificios podría provocar un traslado de varios kilómetros difícilmente conjugable con la conciliación de la vida laboral y familiar. Para
CCOO, esta modificación de la LOPJ no puede llevarse a cabo en ningún caso y exigimos al nuevo equipo ministerial que se tomen las medidas oportunas para evitarlo.
Personal laboral del Ministerio de Justicia
En relación con el Personal Laboral, en el escrito presentado por
CCOO recogemos literalmente:
“Especialmente castigado por los recortes ha sido y sigue siendo el personal laboral que presta sus servicios en la Administración de Justicia. Personal de Psicología, Trabajo Social, Educadores, Peritos Tasadores/as, Intérpretes-traductores/as, Oficial de Actividades específicas Autopsias, y otras categorías, enclavadas todas ellas en el Convenio Único de personal laboral, absolutamente necesarias para el funcionamiento de este servicio público y para la atención a los colectivos más desfavorecidos de los procesos judiciales, han visto sus condiciones laborales atacadas hasta límites inaceptables: plantillas absolutamente insuficientes, retribuciones indignas, falta de reconocimiento y expectativas profesionales caracterizan a este colectivo.
Debe abordarse sin falta un proceso de negociación que incluya la funcionarización de determinadas categorías profesionales, la creación de otras nuevas y la reclasificación de las existentes, el dimensionamiento de las plantillas que evite tener que recurrir a profesionales del ámbito privado como viene ocurriendo, la cobertura permanente de todas las plazas y, junto a ello, y en el ámbito del Convenio Colectivo Único de la Administración General del Estado una elevación significativa de sus retribuciones básicas y complementarias.”
