Nueva Resolución del Secretario de Gobierno de 25 de mayo, con las nuevas dotaciones para la fase II de la desescalada

• Nueva Resolución del Secretario de Gobierno de 25 de mayo, con las nuevas dotaciones para la fase II de la desescalada

Siguiendo el Plan de Desescalada y reactivación del TSJ de Murcia, de 15 de mayo, y tras la Orden JUS 430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19, se ha dictado por el Secretario de Gobierno las nuevas dotaciones tanto de LAJ como de funcionarios/as.

Todos los juzgados de la Región contarán con el 70% de la plantilla, excepto los cuatro mixtos de Totana, al no haber pasado a la fase II sanitaria, y que contarán con el 60%.

Registros Civiles: 100%.

Se solicita al Ministerio la ampliación de la dotación de:

• Los Servicios Comunes de actos de Comunicación de Murcia y Lorca hasta el 100%

• Juzgados de Menores y Juzgados de de Violencia sobre la Mujer, hasta el 80% para atender a los detenidos.

Respecto a la jornada de tarde, el Ministerio solo ha facilitado un listado -erróneo- con las distintas sedes donde se podrá implantar, por lo que hemos exigido a éste la intervención de los CSSL en una nueva evaluación respetuosa con la realidad.

Vamos a entrar en la fase 2 con el 70% de las plantillas, pero aún a día de hoy sigue habiendo muchos problemas con las medidas preventivas, evaluación de los aforos -que no se nos ha facilitado aún-, ni evaluación de riesgos alguna y sin tener en cuenta la implantación - o no- de medidas preventivas colectivas, organizativas e individuales.

Respecto al 100% en los Servicios Comunes de Actos de Comunicación, nos parece totalmente excesivo, dado que únicamente se van a celebrar de momento aquellas actuaciones que estuviesen ya programadas, y tampoco se han evaluado los riesgos para el personal que realiza las diligencias en la calle.

CCOO seguiremos exigiendo que se adopten todas las medidas preventivas necesarias para evitar repuntes en los contagios de Covid-19, y en su caso, pondremos las denuncias correspondientes ante la Inspección de Trabajo.

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El nuevo acuerdo del Secretario de Gobierno que establece dotaciones presenciales por encima de lo dispuesto por el Ministerio, pone en riesgo la salud del personal de Justicia

UNA VEZ MAS, EL NUEVO ACUERDO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO ESTABLECE DOTACIONES PRESENCIALES POR ENCIMA DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

El nuevo Acuerdo del Secretario de gobierno de 13.4.20 (rectificado en el día de hoy) no solo parte de su Acuerdo anterior de fecha 30.3.20 y que ya denunciamos desde CCOO ante el ministerio de justicia, sino que además añade las “peticiones” de incremento de dotaciones presenciales que algunos jueces solicitaron y que recogió el TSJ en su acuerdo de 3.4.20, (incremento de dotaciones presenciales fundamentalmente en la jurisdicción penal, instrucción no de guardia, menores y familia). Todo ello, y sumado a las disposiciones del ministerio de Justicia en su última resolución, en la que expresamente se dirige “a garantizar la prestación del servicio público de Justicia adaptando dotaciones” obvian por completo el derecho a la salud de los trabajadores de la Administración de Justicia.

Pero además, es inexplicable que en la actual situación de alarma sanitaria que estamos viviendo, el Ministro de Justicia, haciéndose eco de las reclamaciones corporativas de Abogados y Procuradores, modifique su propia resolución de servicios mínimos e introduzca la posibilidad de presentar escritos a través de Lexnet, así como la normal prestación de servicios no esenciales, siempre que lo permitan los medios materiales, asumiendo el mantra ideado por el CGPJ de que la suspensión de los plazos procesales, no implica la inhabilidad de los días.

La resolución del ministerio establece claramente las tres modalidades por las que se puede llevar a cabo la presentación de servicios, esto es:

• Presencial por turnos: otorgándole plena capacidad en su diseño a Secretarios Coordinadores, de Gobierno, etc…

• Plena disponibilidad: dirigido a quien no estando presencial, puede ser requerido para la prestación de cualquier servicio que no pueda ser realizado a distancia o para cualquier incidencia que pudiera presentarse en relación con los servicios esenciales.

• Teletrabajo: dirigido a quien voluntariamente quiera prestar el servicio con dispositivos personales, podrá realizar sus funciones desde su domicilio, así como el apoyo que se le requiera para prestar los servicios esenciales.

Y, si bien, el propio Secretario de gobierno en su nuevo acuerdo refleja claramente su disposición a la progresiva implantación del teletrabajo en la región de Murcia, es la primera vez que reconoce expresamente como demandaba CCOO que esta modalidad de prestación del servicio se ha de hacer respetando la voluntad de los trabajadores e incluso en el diseño de las dotaciones de servicios se ha de garantizar “el mayor número de funcionarios realizando trabajo a distancia desde sus domicilios”, por lo que esta modalidad de teletrabajo no solo incluye la voluntariedad sino que además permite sustituir en mayor grado la presencialidad (pues solo tendrían que acudir presencialmente si son requeridos para llevar a cabo algún servicio esencial que no pueda cubrir el turno presencial). Teletrabajo que, por fin, el Ministerio de Justicia ha reconocido como viene exigiendo CCOO que tiene que negociar a nivel estatal con los representantes de los trabajadores y dicha negociación comenzará el próximo jueves.

Y si todo esto fuera poco, se le otorga un mayor margen de discrecionalidad a los Secretarios Coordinadores y Letrados de Justicia responsables para, según los casos, puedan incrementar las plantillas a evolución del flujo procesal.

Pues bien, con todas estas premisas, el Secretario de gobierno establece unas dotaciones presenciales excesivas con respecto a la propia resolución del ministerio y, a pesar de intentarlo vagamente, sin justificación alguna, pues el incremento de dotación presencial en el SCEJ no se corresponde con su nueva situación de teletrabajo (en la sección civil), o el incremento desorbitado en las UPADs de primera instancia, social, contencioso, mercantil (en las que ninguna de ellas presta servicios esenciales según la resolución del 14 de marzo del ministerio) en las que hay una ausencia total de justificación para ese incremento de plantillas y en las que se excede del 10% de la plantilla del conjunto de UPAD de la misma clase u orden jurisdiccional establecida por el ministerio, a las que también se une como ya hemos mencionado anteriormente el incremento en los órganos de jurisdicción penal (instrucción, menores, penal, vigilancia penitenciaria) o el incremento de Auxilios Judiciales presenciales en Cartagena, o incrementar la plantilla en los juzgados mixtos que no están de guardia en Lorca, Cieza, Molina, San Javier y Totana.

La plena localización y disponibilidad en la que todo el personal nos hemos encontrado las semanas anteriores ha sido siempre suficiente para cubrir con responsabilidad los servicios esenciales a la ciudadanía a la vez que respetamos las normas sanitarias de confinamiento y el derecho a nuestra salud, la de nuestros familiares y la del resto de la sociedad.

Nuestra apuesta por el teletrabajo voluntario y con condiciones laborales y de seguridad puede responder a su vez a esa necesidad paulatina de un mayor funcionamiento de la Administración de Justicia en diferentes fases en cuanto a los servicios no esenciales y que por tanto, no implicaría la presencia física en los órganos judiciales. Pero una mayor presencialidad como establece el Secretario de Gobierno, en contra incluso de su propia apuesta por el teletrabajo, solo puede traer consigo una sobreexposición al riesgo de contagio.

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CCOO denuncia la irregular petición de datos personales del personal de la Administración de Justicia sin explicación alguna

CCOO DENUNCIA LA IRREGULAR PETICIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE MURCIA SIN EXPLICACIÓN ALGUNA DE CUÁL ES SU FINALIDAD NI SU JUSTIFICACIÓN Y SI ELLO RESPONDE A LA UTILIZACIÓN DE ALGUNA PLATAFORMA DE TELETRABAJO.

En la mañana de hoy, lunes 6 de abril, el personal de la Administración de Justicia de la Región de Murcia, estamos recibiendo por distintos medios (whatsap, correo electrónico, o incluso de viva voz) la petición por parte de nuestros respectivos LAJ de datos personales (nombre, dni, número de teléfono móvil, dirección de correo electrónico de justicia.es) y sin más explicaciones que lo pide el TSJ o lo pide el ministerio o es para el teletrabajo,…

A pesar de las muchas instrucciones, resoluciones, acuerdos de las diferentes instituciones que participan de la Administración de Justicia (TSJ, Secretaría de Gobierno, CGPJ…) en las que se habla del teletrabajo, no existe ninguna procedente del único competente en materia de personal y de organización del trabajo, es decir del Ministerio de Justicia a quien, incluso CCOO y el resto de sindicatos presentes en la mesa sectorial, le hemos conminado por escrito a negociar inmediatamente “….la implantación de cualquier plan de acceso remoto desde el domicilio o sistema de teletrabajo en lo que concierne a los cuerpos funcionariales de Letrados/as de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, cuerpos generales de la Administración de Justicia y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,… ya que estos sistemas de trabajo no pueden ser implantados unilateralmente por la administración ni pueden ser ordenados por los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ni otros organismos sin competencias en la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario…” sin haber obtenido respuesta alguna hasta la fecha.

No sabemos, puesto que nada se nos ha dicho, si esa recogida de datos personales tiene relación con la Circular 1/20 de la Secretaría de Gobierno del TSJ de Murcia, de 26 de marzo sobre “Teletrabajo: Pautas procesales, técnicas y organizativas a seguir por trabajo a distancia durante la crisis sanitaria COVID-19 en la Región de Murcia”, la que, según dice, va dirigida directamente a los LAJ, a quienes recuerda que, junto a los jueces, cuentan con dispositivos portátiles SURFACE securizados que permiten acceso a las principales aplicaciones y al mapa del asunto derivado del SGP Minerva, y que incluso se permite el Acceso Remoto Seguro a través de la solución tecnológica CITRIX Workplace (https://espaciodigital.justicia.es/) para llevar a cabo el trabajo a distancia, pero también dirigida “indirectamente” a los GP y TP… "en lo que se refiere a la gestión, procesamiento y notificación de resoluciones o minutas remitidas.” y aunque dicha Circular parece más dirigida a llevar a cabo actuaciones no esenciales en este estado de alarma, no es menos cierto que también prevé la extensión del llamado Teletrabajo-Tipo 3 a los cuerpos generales (vid. Circular).

Sea así o no, desde CCOO entendemos que el TSJ o la Secretaría de Gobierno, se arroga unas competencias que no le corresponden, pretendiendo imponer la modalidad de teletrabajo sin la más mínima regulación por quien sí tiene la competencia para ello, esto es el Ministerio de Justicia que, previamente, deberá negociar con los representantes de todos los trabajadores de la Administración de Justicia (LAJ y personal de los cuerpos generales y especiales) la organización de ese teletrabajo que repercute directamente en las condiciones laborales de los mismos.

CCOO ha venido reclamando al Ministerio de Justicia, con carácter general, para atender los servicios esenciales, la disponibilidad o el teletrabajo. Pero, en éste último caso, EXIGIMOS la negociación previa de dichas condiciones, la aplicación de la normativa europea, que se respete el carácter voluntario de la misma, la previa dotación de los equipamientos necesarios por la Administración de tal modo que no pueda suponer coste alguno para el personal como así se ha hecho con otros colectivos y que se garantice la protección de datos de los usuarios; también se ha de garantizar la protección de los datos jurídicos frente a los posibles ataques de hackers en los propios dispositivos personales…

Las dudas que genera tal situación y a las que nadie está respondiendo son tan simples como ¿es obligatorio? ¿Y si no tengo internet en mi domicilio? ¿y si no tengo ordenador personal o éste es obsoleto para hacer frente a esta tecnología? ¿Y si no tengo instalado un antivirus en mi smartphone o en el ordenador?...

CCOO EXIGE AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TSJ-MU QUE ANULE esa comunicación y que se abstenga de acordar ninguna cuestión relacionada con las condiciones laborales del personal y que no utilice los datos que los LAJ muy diligentemente vienen recogiendo del personal de los cuerpos generales, y EXIGIMOS AL MINISTERIO DE JUSTICIA que deje sin efecto esa comunicación y se reúna de inmediato con los sindicatos de la mesa sectorial para negociar las condiciones en que podremos prestar nuestra labor con todas las garantías en la modalidad de teletrabajo.

El Ministerio de Justicia no puede hacer dejación de sus funciones organizativas, y reclamamos que se dé seguridad jurídica al personal de la Administración de Justicia

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CCOO denuncia que la Sala de Gobierno del TSJ de la Región de Murcia exige más personal de presencia permanente para atender los servicios esenciales desoyendo así las directrices del presidente del Gobierno y del ministro de Justicia

CCOO denuncia que la Sala de Gobierno del TSJ de la Región de Murcia exige más personal de presencia permanente para atender los servicios esenciales desoyendo así las directrices del presidente del Gobierno y del ministro de Justicia

La Sala de Gobierno del TSJ de Murcia ha dictado un Acuerdo de fecha 4.4.20 por el que considera insuficientes las dotaciones de servicios mínimos que de forma presencial llevan a cabo los servicios esenciales y exige ampliar la plantilla presencial en algunos órganos judiciales, desoyendo así las directrices del Gobierno reflejadas en el RD-ley 10/20 y en la resolución del ministro de Justicia de 30-3-20.

La propia tabla en la que se basa el referido acuerdo elaborada por el Secretario de Gobierno refleja claramente la escasa disminución de plantilla que se ha producido en los órganos judiciales de la Región de Murcia pues si al comienzo de la alerta sanitaria, el 16/3/20, éramos un total de 30 LAJ y 102 Funcionarios quienes atendíamos los servicios esenciales (excepto los juzgados de guardia y registros civiles, cuyas dotaciones no han variado) a fecha 30/3/20 –en pleno confinamiento de prácticamente toda la población- somos un total de 23 LAJ (-23% desde el inicio) y 90 funcionarios (-11,7% desde el inicio), lo que corrobora las denuncias de CCOO acerca del incumplimiento de los servicios mínimos tal y como el ministerio de justicia había decretado. Además, de esos 23 LAJ, sólo 3 quedan en régimen de presencia (un 13%) mientras que del total de 90 funcionarios, quedan en régimen de presencia 31 (no 30 como indica el Secretario de Gobierno, pues se le ha olvidado el 1AJ de presencia obligatoria en el SCOP/SCEJ) lo que supone el 34% de presencia. 

Pretender además ampliar el número de funcionarios de los cuerpos generales en determinados órganos judiciales como si en ellos no se estuvieran cumpliendo escrupulosamente los servicios declarados esenciales con el personal de presencia y la plena disponibilidad del resto de trabajadores, totalmente operativos y localizables, es ofensivo y desde CCOO rechazamos cualquier insinuación de que no se garantiza la debida prestación de los servicios esenciales con la aplicación de la resolución del ministerio de justicia y su adaptación a la región de Murcia con el acuerdo aclaratorio del Secretario Coordinador del 1.4.20 (a pesar de que para CCOO, éste incluso, junto con los acuerdos de los Directores de los SCP, se excede de lo permitido, como así informamos en hoja anterior).

En el contexto de crisis sanitaria sin precedentes que vivimos, la asistencia del personal a los centros de trabajo se debe reducir lo máximo posible, tendiendo a la prestación del servicio de un fin de semana y que permita una atención de los derechos fundamentales de los ciudadanos (servicio de guardia, violencia contra la mujer, inscripciones urgentes Registro Civil,…) lo más eficiente posible, todo ello en base a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y así, los servicios mínimos decretados para la Administración de Justicia se ajustan perfectamente a esas recomendaciones y garantizan plenamente los servicios esenciales con la disponibilidad plena de todos los funcionarios de la Administración de Justicia en Murcia, reduciendo la presencia a su justa medida para la atención de lo que es realmente urgente e imprescindible y con la garantía de la incorporación inmediata del personal disponible si fuera necesario. Y si para ello, el TSJ considera que ha de establecerse un método más eficaz para garantizar los llamamientos de disponibilidad, y puesto que afirma que se podría llevar a cabo desde el teletrabajo, aunque no para los funcionarios de los cuerpos generales, pero sí para aquellos que, encontrándose en disponibilidad domiciliaria, tenga acceso desde los dispositivos que fueron facilitados por el ministerio de justicia hace tiempo.
CCOO rechazamos contundentemente el acuerdo del TSJ, que, además significa una injerencia en materia de personal que no es de su competencia, no teniendo ninguna legitimidad para intervenir en la vigilancia ni en la adopción de medidas que afecten a la seguridad y salud del personal no judicial de la Administración de Justicia.

CCOO, quiere hacer valer la labor encomiable que los funcionarios y funcionarias de Justicia de la Región de Murcia están realizando, atendiendo todos los servicios esenciales, casi siempre sin medios adecuados ni equipos de protección suficientes, trabajando más allá de sus responsabilidades, pues a veces aun estando exentos por sus circunstancias personales o familiares acuden en los turnos correspondientes y permaneciendo en continua disponibilidad.

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CCOO denuncia ante el Ministerio de Justicia los servicios mínimos establecidos por el Secretario de Gobierno del TSJ de Murcia

• Tras la resolución del Secretario de Gobierno de 30.3.20 por la que se modificaba la dotación de servicios mínimos y tras las alegaciones remitidas, que no se han tenido en cuenta, CCOO hemos remitido una denuncia al Ministerio de Justicia para que se anule esa resolución y se establezca con meridiana claridad la disponibilidad como norma general, quedando garantizados los servicios esenciales establecidos por el Ministerio con las dotaciones mínimas, para evitar contagios.

Publicamos el contenido de la carta remitida al Ministerio:

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Comunicados del TSJ de Murcia sobre los turnos diarios de mañana lunes y de los servicios esenciales

El TSJ nos ha dado traslado de las comunicaciones que han remitido a todos los funcionarios/as de la Administración de Justicia de la Región de Murcia:

Se han remitido listados con nombre y apellidos de los que mañana lunes 16 de marzo, han de acudir a sus puestos de trabajo de servicios mínimos.

Todos los que no estén integrando los turnos diarios presenciales deberán limitar al mínimo imprescindible su presencia en los centros de trabajo, acudiendo solo en caso de necesidad ineludible y estrictamente profesional.

Asimismo se ha remitido por el TSJ a todos los funcionarios y órganos judiciales, fiscales y resto de dependencias, TURNO PRESENCIAL LUNES 16 de marzo de 2020. Designación de Letrados AJ y funcionarios de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.

SERVICIOS ESENCIALES COVID-19

LETRADOS AJ y FUNCIONARIOS DE GP – TP – AJ

Personal que habrá de atender los servicios esenciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dicho listado es nominativo, y no podemos hacerlo público en el blog por el tratamiento de los datos personales.

SERVICIOS ESENCIALES Y PARALIZACIÓN DE PLAZOS PROCESALES

CUADROS DE DOTACIONES

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El presidente del TSJ de Murcia acuerda la suspensión de todos los juicios y diligencias judiciales que no tengan carácter urgente

Nota de prensa publicada en la página web del TSJ de Murcia:

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, siguiendo las directrices dadas por el Consejo General del Poder Judicial y en previsión de las que puedan dictarse, ha acordado, con carácter provisional, la suspensión a partir del próximo lunes, día 16 de marzo, de todas las actuaciones judiciales en los órganos judiciales de la Región, excepción hecha de las actuaciones urgentes recogidas en la instrucción dictada por el Consejo General del Poder Judicial el pasado día 11.

Las excepciones establecidas por el órgano de Gobierno de los jueces se refieren a actos que, de no practicarse, podrían causar perjuicios irreparables: internamientos urgentes; medidas inaplazables como las de protección de menores; licencias de enterramientos, matrimonios e inscripciones de nacimiento; servicios de guardia; medidas cautelares urgentes; levantamiento de cadáveres; entradas y registros; causas con preso o detenidos; órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer; actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria; autorizaciones de entradas sanitarias, urgentes e inaplazables y derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente; medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes y recursos contencioso electorales; juicios de la jurisdicción social declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, y, por último, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la obtención de la tutela judicial reclamada).

El acuerdo, dictado tras la calificación del CGPJ de esta comunidad autónoma en Escenario 2, a la vista de la situación de alarma creada por el coronavirus COVID-19 y las últimas y recientes medidas adoptadas por las autoridades sanitarias de la Región.

El Presidente del TSJ ha convocado para el próximo lunes una reunión extraordinaria de la Comisión Judicial de Seguimiento del COVID-19, a fin de valorar la situación y adoptar las medidas adicionales correspondientes.

ACUERDO TSJ SUSPENSIÓN 13.3.20

No obstante lo anterior, y dada la rápida evolución de la situaciónk, tras el anuncio de la declaración del Estado de Alarma, seguiremos informando.

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Nuevo Secretario de Gobierno del TSJ en la Región de Murcia

Se ha publicado en el BOE de 15 de junio:

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/647/2019, de 31 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/131/2019, de 6 de febrero.

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"Resolver la provisión, por el sistema de libre designación y para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, de los puestos de trabajo de Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Navarra convocado por Orden JUS/131/2019, de 6 de febrero, adjudicando los puestos convocados a los Letrados de la Administración de Justicia que en el Anexo se relacionan.

Los Letrados de la Administración de Justicia nombrados tomarán posesión de sus cargos como Secretarios de Gobierno el día 30 de septiembre, ante la Sra. Ministra de Justicia."

ANEXO

Nombre: Javier Luis Parra García.
Destino Actual: Upad Órgano Colegiado TSJ.
Destino Concedido: Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.


Nombre: Francisco Javier Isasi Barbier.
Destino Actual: Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Destino Concedido: Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

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Reunión con el Secretario de Gobierno y Secretaria Coordinadora de la Región de Murcia

El Secretario de Gobierno convocó a los miembros de la Junta de Personal a una reunión con el siguiente orden del día:

    1.- Situación general de las Oficinas Judiciales

En dicha reunión estuvo presente también la Secretaria Coordinadora.

El Secretario de Gobierno nos trasladó que tenía mucho interés en saber cuál era la “postura sindical” respecto a las actuaciones realizadas por el tema de los Juzgados especializados en “clausulas suelo”.

CCOO ha mostrado su extrañeza al Secretario de Gobierno de que se nos haya citado para hablar de las oficinas judiciales cuando creemos que realmente no se nos cita para oírnos con carácter previo, y se envían informes al Consejo General Judicial o al Ministerio con indicaciones que afectan a los trabajadores y trabajadoras de la administración de justicia de la región de Murcia, sin que se nos pida opinión alguna; en concreto con la creación del refuerzo para llevar los juicios de las clausulas suelo en el Juzgado de primera Instancia nº 11 no se nos ha dicho nada absolutamente, y a día de hoy aún no sabemos oficialmente nada, más allá de lo publicado en el BOE por el CGPJ.

Desde CCOO le hemos trasladado que la propuesta de especialización del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia realizada por la Sala de Gobierno, con el nombramiento de un letrado de la Administración de Justicia adicional para el refuerzo transversal de los servicios comunes (SCOP y SCEJ), en función de las necesidades que demande la medida de refuerzo implementada, y que el personal de refuerzo debe concretarse en un gestor, dos tramitadores y un auxilio, más dos Tramitadores Procesales y Administrativa reforzando el Servicio Común de Registro y Reparto, que atiende a los 11 Partidos Judiciales, NOS PARECE UNA PROPUESTA INSUFICIENTE PARA LA CARGA DE TRABAJO QUE VAN A SOPORTAR LOS MISMOS a cuyos representantes sindicales ni tan siquiera se nos ha pedido opinión para dimensionar las plantillas necesarias y la forma de provisión, en su caso, de los nuevos puestos de trabajo.

Respecto al refuerzo de la UPAD del Juzgado nº 11, se dijo que “hasta que llegue el trámite de la Audiencia Previa” se van a pasar varios meses, por lo que no es necesario su refuerzo de momento”.

Si todavía no sabemos exactamente cuántas personas van a nombrar y empezó su funcionamiento el uno de junio, para cuando seria la ampliación de número de funcionarios y funcionarias, ¿cuando ya esté todo colapsado?

CCOO criticamos esta política propagandística del Ministerio, que lejos de hacer frente a sus responsabilidades, está haciendo dejación de las mismas. Anuncia a bombo y platillo la implantación de esta medida, pero en definitiva NO HAN PUESTO A DÍA DE HOY LOS REFUERZOS NECESARIOS, NI SIQUIERA HAN INFORMADO DE ELLO.

La reunión no dio para más, el tiempo se acabó y no hubo más información del resto de “oficinas judiciales”, aunque ciertamente, la reunión no era para informar, sino para preguntar…

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No tenemos nada que celebrar. 25º aniversario del TSJ de Murcia

En la cadena de TV, 7RM se emitió el viernes pasado la noticia del 25º Aniversario del TSJ; también se amplió ésta con las protestas que realizamos a la entrada.

Podéis ver el noticiario completo en este enlace, a partir del minuto 13,30.

Noticia emitida en 7RM el 6/6/2014 en el informativo

Los ciudadanos y ciudadanas, los trabajadores de la Justicia, NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR

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(AV) Martínez Moya apunta un descenso de litigios en 2011 y anuncia que sumará 4 nuevos jueces de refuerzo en San Javier

Publicado en www.europapress.es

MURCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se encuentra entre las regiones con más volumen de litigiosidad, aunque también tiene de las más altas tasas de respuesta. Pendiente de cerrar el último trimestre de 2011, avanza una contención de los conflictos.

Así lo ha avanzando a Europa Press el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, quien ha precisado que a falta de cerrar ese periodo, los indicadores del pasado año advierten de que el volumen de litigios "comienza a descender, pero siempre manteniéndose en unas cifras muy elevadas".

Durante el pasado año, la crisis ha repercutido en el funcionamiento de la justicia, según ha reconocido Martínez Moya, que aunque declina hacer un pronóstico de futuro sobre lo que puede suceder durante 2012, aboga por "no ser conformistas, porque todos los que formamos parte de la Administración de Justicia tenemos que arrimar el hombro para sacar adelante este país". "Lo importante es que estemos todos preparados para afrontarlo, ya que contamos con medios personales y humanos para ello", ha señalado

En la línea de previsiones para este año, Martínez Moya ha adelantado a Europa Press que si bien 2011 fue un año en el que no se creó ningún órgano judicial en el conjunto nacional, en 2012 "contaremos con nueve jueces titulares más".

Y es que, ha anunciado, "prácticamente vamos a tener toda la planta judicial, los 145 órganos de plazas judiciales cubiertas por jueces profesionales". De estos nueve jueces, está previsto que cuatro de ellos "refuercen los órganos judiciales del partido judicial de San Javier a finales de febrero", por lo que se contará con 11 jueces titulares en este partido.

Enlace permanente: http://bit.ly/zqcP6I

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Martínez Moya considera que puede ser bueno el copago en primera instancia

Juan Martínez Moya

Publicado en www.europapress.es

MURCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, ha resaltado la necesidad de que la sociedad en su conjunto "conozca que la justicia genera unos costes" que, en su opinión, tienen que llamar a la reflexión de todos, de cómo se puede hacer, ha dicho, "una mejor justicia, mucho más racional y eficiente".

Por ello, Martínez Moya ha apostado por la introducción de un copago en la Administración de Justicia, pero "no universal, sino racional, según sujetos y materias concretas", considerando oportuno que "se lleve en la segunda instancia, en las fases de recursos, pero también es bueno que se considere en el acceso a la primera instancia".
En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez Moya ha explicado sobre este asunto que hay que diferenciar quién hace uso de un servicio público, como es la justicia, ya que si se utiliza "para resolver intereses privados, es bueno, conveniente y racional que se considere que la justicia quede compensada económicamente por el servicio que está prestando".
Martínez Moya se ha pronunciado así sobre el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar "abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles, aunque ha optado por la prudencia a la hora de valorarlo y esperar a conocer "cómo se va a plasmar ese copago de la justicia". Al respecto, el presidente del TSJ de Murcia ha llamado la atención sobre el hecho de que la justicia genere tres clases de costes.
En concreto, genera unos costes directos e indirectos, aunque ha subrayado que lo que "más preocupa" son los costes "ocultos", derivados de un "deficiente" funcionamiento de la justicia.
Y es que, ha advertido, "si la justicia es lenta genera una percepción por parte de la ciudadanía de lentitud o ineficacia". Esos costes, por ejemplo, derivan en que una empresa "no quiera llevar a cabo una instalación de su actividad económica, porque sabe y conoce y tiene prospecciones de que la justicia en España es lenta".
También provoca un "deficiente" funcionamiento de la Administración de Justicia. Es por ello por lo que ha considerado que "es bueno que el ciudadano sepa que la justicia genera unos costes sociales y por eso hay que racionalizar el sistema".

INTRODUCIR PARÁMETROS ECONÓMICOS

Unos costes que en el caso de una multa de tráfico, el litigio oscila entre los 1.700 y 2.000 euros, aunque hay reclamaciones que conllevan un montante superior; de manera que ha insistido en la necesidad de introducir "parámetros económicos" en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
No obstante, ha dejado claro que lo importante es distinguir, dado que "no se puede utilizar la misma óptica o los mismos principios en la justicia penal que civil", aunque ha remarcado que la introducción de la economía dentro del funcionamiento de la Administración de Justicia "podría hacer de la justicia un servicio público rentable socialmente y confiable, que es lo que el ciudadano busca en la justicia".
Partidario de introducir el copago, Martínez Moya ha explicado que el derecho al acceso a los tribunales no se puede limitar, puesto que es éste un derecho "fundamental", pero incide en la importancia de que la sociedad conozca que la justicia "genera costes, que son los que nos tienen que llamar a la reflexión de cómo podemos hacer una mejor justicia".
Una mejor justicia que introduzca ese copago del que es partidario pero que esté condicionado "a una serie de exigencias, que no sea universal para todos los ciudadanos".
Como ya explicó en la apertura del Año Judicial, "no es lo mismo que un trabajador demande contra su empresa por un despido o que un beneficiario de la Seguridad Social reclame una pensión a la Seguridad Social", al ser considerados éstos litigios que "no deben acarrear ningún tipo de coste", a diferencia de un conflicto entre dos entidades financieras, donde "actualmente existen las tasas y se muestran completamente insuficientes".
Cuestión ésta que, según ha desvelado, se ha analizado en los encuentros entre presidentes de tribunales de justicia de otras CCAA, donde también se ha sacado a debate la "garantía de independencia del poder judicial, la necesidad de abordar reformas desde el punto de vista orgánico, así como hacer una reforma de la Ley de planta y demarcación".
Una cuestión necesaria, a su juicio, dado que "se está en el siglo XXI con esquemas territoriales de la justicia del partido judicial del siglo XIX".
Las preocupaciones se extienden también al ámbito de lo tecnológico, manifestando su intención de una justicia "tecnológicamente avanzada"; así como a los costes de la justicia para que sea rentable y eficiente; y la existencia de "mejores" leyes procesales que "permitan más agilidad en la respuesta".
En esta línea, Martínez Moya no cree que la sociedad haya dejado de confiar en la justicia, aunque reconoce que "muestra un desencanto por el funcionamiento" de la misma. Sin embargo, los datos hablan por sí solos cuando reflejan el "importante" volumen de litigiosidad existente.

Enlace permanente: http://bit.ly/xSfraa

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