No es difícil escuchar desde hace meses las declaraciones e intervenciones públicas del ministro de Justicia sobre los proyectos que prepara para la Administración de Justicia, el anteproyecto de Ley de Tasas, la modificación de la Ley de Demarcación y Planta que supondrá una importante reducción del número de partidos judiciales, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.... y todo ello justificándolos casi siempre en evitar una "excesiva litigiosidad" que, según el ministro parece ser el problema de la Justicia. Pero en realidad, ésta es la consecuencia (y no el problema) de una pésima política de inversión y de gestión de muchísimos años atrás y que no se ha sabido atajar por los diferentes gobiernos.
Ahora el Sr. Gallardón ha encontrado una manera de atajarla, es decir, si no sabe hacer las modificaciones oportunas para conseguir una Justicia ágil y eficaz, lo más fácil es desjudicializar la Justicia y se terminó el problema. Además, si la Justicia, a su entender, es cara a las arcas del Estado y no es rentable, las soluciones que propone es que la paguen los usuarios. Original, ¿no?
Esto es lo que desde CCOO venimos denunciando con los proyectos que presenta el ministro:
- Una Ley de Tasas judiciales que supone un repago judicial para el ciudadano que acuda a la Administración de Justicia y que servirá para sufragar los gastos de la Justicia gratuita, en lugar de ser sufragados por los presupuestos generales del Estado
- Una reforma de la LDP que conllevará la reducción de partidos judiciales a la mitad y que supondrá encarecer la Justicia a los ciudadanos que tendrán que acudir a más de 100 km de sus actuales Juzgados,
- Y ahora, según las noticias aparecidas en prensa, prepara un nuevo anteproyecto de Ley donde se les da va a dar competencias judiciales a los Notarios en materia de matrimonios, divorcios sin hijos o declaración de herederos. Pero lo curioso de este proyecto es que traería como consecuencia más directa una nueva desjudicialización de la Administración de Justicia, y una nueva privatización de la misma, donde ya no existirá un Juez ni un Fiscal que intervenga en el proceso, y donde nuevamente, los ciudadanos tendrían que pagar por un servicio, que deja de ser público para convertirse en privado.
Ya tenemos precedentes en reformas anteriores de privatizaciones de servicios que debería prestar la Administración de Justicia, recordamos la posibilidad de que los Procuradores lleven a cabo las notificaciones a todas las partes del proceso, previo pago de su importe, o la más reciente Ley de Registro Civil que supone la desjudicialización de los registros civiles que dejarán de estar a cargo de un Juez y pasarán a manos de un funcionario ¿Será éste un Registrador de la Propiedad?
¿Y la jurisdicción voluntaria? ¿quedará en manos del Secretario Judicial? ¿Tendrán que acudir los ciudadanos a ella con Abogado y Procurador?
El Ministerio de Justicia toma sus decisiones a golpe de presión corporativa, dejando a un lado el interés del ciudadano y poniendo por encima intereses de colectivos que pugnarán por la mercantilización de un espacio que puede ser muy suculento y que ahora, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de la que también se beneficiaron Notarios y Registradores, buscan nuevos mercados.
CCOO denuncia que el único proyecto que tiene el ministro de Justicia es establecer una Justicia de doble velocidad, una Justicia para ricos y otra para pobres, una Justicia que sólo sería ágil y eficaz si los ciudadanos se la pueden costear, mientras, la Justicia que proporcione el Estado ¿seguiría siendo una Justicia lenta e ineficaz?.
¿Quién se beneficia de todas estas reformas? Evidentemente los ciudadanos, NO y de paso, los trabajadores de la Administración de justicia sufriremos los procesos de amortización de plantillas, de congelación de oposiciones (tanto turno libre, como promoción interna), reordenación de efectivos, traslados geográficos, etc..., en definitiva, nuevos recortes sociales y laborales para los trabajadores y ciudadanos, y sobre todo un proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho, cada vez menos Estado pero también cada vez menos Justicia.
