Los trabajadores no podemos aceptar callados los engaños y la corrupción, mientras el gobierno pretende que seamos responsables de lo que otros han estafado
El gobierno prepara los presupuestos 2013 con nuevos recortes sociales, que podrían incluir además más rebajas salariales para los empleados públicos
Rajoy miente cuando afirma que el rescate a la banca con 100.000 millones de euros no afectará ni al déficit ni a la deuda pública, ni tiene contrapartidas, cuando su “protectora” merkel y la ue afirman lo contrario
Las mentiras y las desvergüenzas del Gobierno intentando engañar a los ciudadanos para que nos creamos que las ayudas de la Unión Europea no conllevan contrapartidas para el Estado Español, y, por tanto, para los ciudadanos, demuestran que Rajoy y sus ministros han perdido toda la credibilidad.
No es un problema semántico, de si se trata de un crédito o de un rescate, lo verdaderamente importante es que se trata de 100.000 millones de euros que tendrá que devolver el Estado en caso de impago de los bancos. Y de los precedentes de las actuaciones irresponsables, y en muchos casos corruptas, de responsables de la banca privada, serán los ciudadanos los que tengamos que asumir nuevamente, con el esfuerzo de nuestros salarios y de nuestros derechos sociales, las indecencias de los máximos responsables del poder financiero y político en España.
En estas últimas semanas, hemos conocido, entre otros hechos escandalosos:
- Rato, Blesa y los máximos responsables del PP en la Comunidad de Madrid (especialmente Esperanza Aguirre y su vicepresidente Ignacio González) han llevado a la ruina directamente o por sus decisiones políticas, a Caja Madrid y Bankia. Banqueros que arruinan a miles de ciudadanos y ponen en peligro el sistema financiero y sin embargo se aseguran millones de euros en salarios e indemnizaciones, mientras que pensionistas y ciudadanos temen por sus ahorros de toda la vida y trabajadores de esas entidades ven peligrar sus puestos de trabajo, porque la UE entre las contrapartidas que exige para esa “ayuda” de 100.000.000 de euros está el despido de cientos de trabajadores de las sucursales suprimidas.
- Los ministros de Hacienda y de Economía y el Presidente del Gobierno han negado constantemente (incluso hasta el 28 de mayo de forma expresa lo hizo Rajoy) que fuera necesario un rescate para la banca por la UE.
- Las CCAA, entre ellas las de Madrid, Cataluña, Valencia, Canarias y Andalucía, incapaces de resolver la situación de forma justa para los ciudadanos por su connivencia en muchos casos con los intereses de la gran Banca a la que jamás denunciaron cuando aún se podía poner solución a la bancarrota a la que llevaban a muchas entidades, han recortado nuevamente el salario y los derechos de los empleados públicos. Además, la mayoría de ellas, recortan gravemente derechos básicos como la educación y la sanidad públicas, y, por el contrario, junto al gobierno de España, han impedido la investigación para la asunción de responsabilidades de banqueros y dirigentes políticos cómplices de la situación.
- De todos los procesos por corrupción abiertos judicialmente en España (caso Gürtel, caso Palau de la Música de Cataluña….) con cientos de millones de euros gastados irregularmente del erario público, no permanece en la cárcel prácticamente ninguna persona acusada por corrupción.
- El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se mantiene en su cargo, para el que no está ya legitimado moralmente, a pesar de las denuncias contra su actuación por gastar con fondos públicos miles de euros para actividades privadas (ahora aparecen otros 12.500 euros que se añaden a los 13.000 ya denunciados de gastos privados). Aún más grave es que el ministro de Justicia, primero, y el conjunto del Gobierno y del grupo parlamentario del PP, hayan impedido hasta el momento que Dívar acuda al parlamento a dar explicaciones, y ahora lo dilata hasta noviembre para que el tiempo haga olvidar sus actos escandalosos. Hoy, además, el pleno de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo se aleja aún más de los ciudadanos: ha decidido por una amplia mayoría amparar a su Presidente y no aceptar la querella interpuesta contra él, alegando “que Dívar está amparado por las normas sobre gastos del Consejo del Poder Judicial que no obligan a detallar con quién se tienen atenciones protocolarias”. Luego, muchos altos cargos y también el propio CGPJ no entenderán los motivos de por qué la Administración de Justicia es uno de los servicios públicos peor valorados por los ciudadanos.
- Y en el ámbito de la Administración de Justicia, el ministro de Justicia actúa:
• Reduciendo los partidos judiciales a la mitad, con la reforma de la Ley de Planta y demarcación judicial, lo que implicará amortizaciones de plantilla y traslados forzosos de funcionarios.
• Con un proyecto de ley que extiende e incrementa las tasas judiciales de forma exponencial a todos los ciudadanos, poniendo trabas al acceso gratuito y en condiciones de igualdad a la Administración de Justicia.
• Para que los procuradores, notarios, registradores realicen funciones y tareas exclusivas de los funcionarios en el servicio público de la Administración de Justicia, asumiendo competencias en servicios que son exclusivas de los funcionarios públicos. De esta manera, el ministro pretende privatizar parte de la Administración de Justicia.
• Proponiendo como solución imaginativa y ocurrencia demagógica: ¡¡¡Abrir los Juzgados en el mes de agosto!!!, ¡Oh! Es que no sabe que los trabajadores llevamos años trabajando en el mes de agosto. ¿Qué es lo que conoce este ministro de la Administración de Justicia?
• Amortizando plantillas en la Administración de Justicia y no renovando refuerzos en muchos órganos judiciales que el ministerio de Justicia sabe que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de los órganos judiciales.
• Defendiendo ante el Consejo de ministros la congelación de la OEP, cuando debería saber que ésta no tiene coste económico en la Administración de Justicia y, en cambio, con esa decisión condena a cientos de trabajadores interinos a un empleo inestable y sin perspectivas de futuro, y con el riesgo de quedarse en paro, si el ministro sigue amortizando plantillas.
• En este contexto de grave crisis económica y de ayudas a los poderosos incompetentes banqueros que arruinan a España, en otra vuelta de un análisis hipócrita de la situación económica, el ministro de Justicia apuesta porque el Estado gaste 14 millones de euros en un nuevo edificio para la Audiencia Nacional.
Y todo esto sucede en una crisis económica sin precedentes, con la prima de riesgo por encima de los 500 puntos y con el bono español situado cerca del 7% que obliga al Estado a pagar unos intereses elevadísimos para financiarse, y con 100.000 millones de euros solicitados por el gobierno para el rescate a la banca, que evidentemente tendrán que devolver los ciudadanos, mientras que nos cuentan que no existe dinero para educación, sanidad, justicia, servicios sociales, etc….
Los trabajadores no podemos permanecer callados ante los engaños y la corrupción, ante los recortes sociales y salariales, mientras el gobierno pretende que seamos responsables de lo que otros han estafado
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