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Este jueves el pleno de las Cortes de Aragón aprobará la formación de una comisión de estudio especial para 'debatir' sobre el modelo actual de partidos judiciales.
Este jueves, el pleno de las Cortes de Aragón aprobará oficialmente la formación de una comisión de estudio especial, algo que no sucede desde hace ocho años. El reglamento de las Cortes contempla este tipo de comisión para que una materia determinada sea estudiada por parlamentarios y por expertos, para después emitir un dictamen pueda servir al pleno para legislar de forma óptima.
La materia objeto de estudio será la demarcación judicial aragonesa, en el punto de mira desde que el pasado mes de abril el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elaborara un informe de remodelación de los partidos judiciales en todo el territorio estatal.
La principal novedad de esa propuesta –también la más polémica– residía en la voluntad del órgano de gobierno del poder judicial de reducir el número de partidos judiciales en España de 431 a 199. En Aragón, se estimó que se debería pasar de los 16 partidos judiciales actuales a 7. Según el informe, la provincia de Huesca pasaría de tener 6 partidos a tener 3, la de Teruel de tres a uno y la de Zaragoza bajaría de siete a dos.
Completaba este hipotético mapa la creación de un partido interprovincial entre Zaragoza y Teruel que agrupara los partidos de Alcañiz y Caspe, porque la desaparición de esta última demarcación implicaría que los residentes en aquella zona se desplazaran más de 100 kilómetros para acudir a Zaragoza ("única reagrupación posible en su provincia", según refleja el CGPJ) estando a tan solo a 27 kilómetros de Alcañiz.
El planteamiento que recogía no sentó bien en Aragón (ni en el resto de CC. AA.). Dejaron patente su negativa ayuntamientos, diputaciones y las mismas Cortes de Aragón, cuyo pleno rechazó por unanimidad la propuesta.
El diseño de la demarcación, 'facultad' de Aragón
Lo cierto es que la decisión de modificar la demarcación judicial no la tienen en Madrid, sino que reside en Aragón, como indican fuentes del grupo parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA), una de las formaciones más críticas con el plan del CGPJ.
Así lo recoge el artículo 68 del Estatuto aragonés, indican, cuyo tenor literal dice que "corresponde a la Comunidad Autónoma determinar los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales". Añade el artículo que "la capitalidad de las demarcaciones judiciales se fijará por ley de las Cortes de Aragón” y que el Gobierno de Aragón participará, "de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial", en la creación o transformación del número de secciones o juzgados.
Ocho años sin comisiones de estudio especiales
La comisión de estudio especial que se aprueba oficialmente este jueves --ya cuenta con la aprobación de la Junta de Portavoces de las Cortes y el pleno solo tiene que refrendar esta decisión-- es la primera que funcionará desde el año 2004, cuando se conformó una para el estudio de la reforma estatutaria.
La iniciativa de la comisión partió de CHA. A mediados del mes de mayo, el grupo parlamentario liderado por Nieves Ibeas propuso al pleno de las Cortes la formación de este 'grupo' de estudio para la reforma de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial (del año 1988).
El grupo parlamentario que integran PP y al PAR vetó entonces la formación de la comisión aunque días más tarde, en una Junta de Portavoces, ambos partidos apoyaron la propuesta que este jueves se oficializa.
La comisión se ha fijado el plazo límite del 21 de septiembre próximo para finalizar sus trabajos y presentar un informe para la reforma de la demarcación judicial. Una de las claves de la misma, según han explicado fuentes de CHA, estará en adecuar el nuevo diseño a las comarcas.
El 'desaguisado' del CGPJ
Desde CHA consideran que el diseño realizado por el CGPJ "es correcto sobre el papel", pero la realidad es otra. "No se han tenido en cuenta las particularidades de zonas como el Pirineo", han referido dichas fuentes, donde la demarcación propuesta supondría que algunos ciudadanos realizaran trayectos de más de dos horas para acudir a un juzgado.
Otro de los inconvenientes sería el trabajo que asumirían los partidos judiciales resultantes del ajuste, que en algunos casos verían duplicada la población a la que atienden. Por ejemplo, el partido Huesca Pirineo Occidental (que agruparía a los actuales de Jaca y Huesca) atendería a una población de 117.454 personas, el de Zaragoza (correspondería a los partidos de Zaragoza, Ejea de los Caballeros y Tarazona) a 857.142 y el de Cuenca del Jalón (Calatayud, Daroca y La Almunia de Doña Godina) a 93.440.
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