CCOO DENUNCIA LA MERCANTILIZACIÓN DE LA JUSTICIA A LA QUE ESTÁ LLEVANDO EL MINISTRO GALLARDÓN COMO ÚNICA FÓRMULA PARA ATAJAR LA “EXCESIVA JUDICIALIZACIÓN” Y QUE ACABARÁ CONVIRTIÉNDOLA EN UNA JUSTICIA PARA RICOS Y OTRA PARA POBRES.
Notarios, Registradores, Procuradores, … buscan en la Administración de Justicia nuevos mercados donde ejercer su profesión, aunque sea a costa del servicio público y del empleo de miles de trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo.
Es lamentable que el máximo responsable de la Justicia sólo encuentre como fórmula para el “desatasco en la justicia” medidas como el “repago judicial” que supondrá al ciudadano el pago de unas tasas abusivas por acudir a los tribunales de justicia, la desjudicialización de asuntos, como el registro civil, la jurisdicción voluntaria, la mediación, matrimonios, divorcios de mutuo acuerdo, temas de sucesiones, etc, etc….que darán entrada a profesionales como Notarios o Registradores que, una vez ¿acabado? el boom inmobiliario del que han vivido generosamente escriturando y dando fe de negocios de compraventa de pisos y préstamos hipotecarios a precios de “boom”, la privatización del servicio común de notificaciones y embargos para dejar en manos de los Procuradores las diligencias de notificación o las ejecuciones de las sentencias, o la externalización de los servicios de interpretación o traducción o de los peritajes judiciales en manos de empresas privadas.
CCOO ya denunció hace años la reforma que permitió que los Procuradores realizaran las notificaciones a todas las partes del proceso (siempre y cuando éstas abonaran sus honorarios por realizar dicho servicio) pero ahora no se conforman con ello y pretenden incluso la desaparición de los servicios comunes de notificaciones y embargos, y con ellos la desaparición de miles de puestos de trabajo de la Administración de Justicia (fundamentalmente de Auxilio Judicial), y si es necesario para sus intereses, no dudan en justificarlo en la falta de eficacia de este servicio, lo cual es absolutamente rechazado por este sindicato y a las estadísticas judiciales nos remitimos.
CCOO denuncia que éstas y otras medidas anteriormente adoptadas como incrementar las cuantías para poder interponer un recurso en segunda instancia, obligar a constituir depósitos previos a los recursos, imponer las costas procesales a quien vea desestimada su pretensión, …. sólo van encaminadas a disuadir a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, al desmantelamiento del Servicio Público de la Justicia y a un encarecimiento del mismo que tendrán que pagar los ciudadanos en forma de tasas judiciales y honorarios a profesionales, anteponiendo por encima del interés ciudadano intereses de colectivos que pugnarán por la mercantilización de un espacio que puede ser muy suculento.
Para CCOO el único proyecto que tiene el ministro de Justicia es el establecer una Justicia de doble velocidad, una Justicia para ricos y otra para pobres, una Justicia que sólo sería ágil y eficaz si los ciudadanos se la pueden costear. ¿Quién se beneficia de todas estas reformas? Evidentemente los ciudadanos NO y de paso, los trabajadores de la Administración de Justicia sufriremos los procesos de amortización de plantillas, de congelación de oposiciones, reordenación de efectivos, traslados geográficos, rebaja y congelación de salarios y de derechos, etc..., en definitiva, nuevos recortes sociales y laborales para los trabajadores y ciudadanos, y sobre todo un proceso de desmantelamiento del Estado Social y de Derecho, en el que cada vez hay menos Estado pero también cada vez menos Justicia.
