CCOO y UGT llaman a participar este miércoles 20 de junio en las
manifestaciones convocadas en todo el país para denunciar los recortes
sociales decretados por Gobierno que han deteriorado las prestaciones y
servicios públicos y suponen un ataque sin precedentes al Estado del
Bienestar, para rechazar también la reforma laboral, y para reclamar
otra política económica y social frente a la crisis.
Llevan cinco meses y medio en el Gobierno y no paran de recortar
derechos. Guiado por Merkel y las instituciones financieras, el Gobierno
español ha puesto en marcha un descarnado programa de reformas con la
única obsesión de contener el déficit y acabar con derechos laborales,
sociales y democráticos. Creyeron que su sola presencia en el Gobierno
tranquilizaría a los poderes financieros y restablecería la confianza en
nuestra maltrecha economía. Pero en este breve periodo de tiempo el
paro no ha dejado de crecer, la economía permanece estancada y no se
atisba la salida de la crisis.
Europa vive una grave crisis económica y social con tasas dramáticas de
desempleo: son ya 24 millones las personas que están en paro en la Unión
Europea, entre ellas más de cinco millones de jóvenes. En España, el
paro alcanza cifras dramáticas: más de 5,5 millones de personas; en 1,7
millones de hogares, ninguno de sus integrantes en condiciones de
trabajar, tiene empleo.
Y por si fuera poco, el crecimiento imparable del desempleo coincide con
un ataque generalizado y sistemático a los derechos laborales y
sociales, impulsado desde las instituciones europeas, que está teniendo
consecuencias especialmente dolorosas en los países del sur y del este
de Europa: disminución de salarios y pensiones, pérdida de derechos,
debilitamiento de la negociación colectiva y de la capacidad de los
sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro de las
prestaciones y servicios públicos, y ataque sin precedentes al Estado
del Bienestar.
Reformas y ajustes contra los trabajadores El pasado 10 de febrero de
2012, el Gobierno aprobó, sin negociación ni consulta con los
interlocutores sociales, la reforma del mercado de trabajo que ya se
aplica en las empresas con todas las consecuencias. Una reforma laboral
que es el mayor golpe al derecho del trabajo de la democracia; abarata y
facilita el despido; refuerza el poder de los empresarios y consolida
la precariedad del mercado de trabajo. Además, frente a lo prometido por
el Gobierno, la reforma laboral no reduce las modalidades de
contratación (crea un nuevo contrato que podrán utilizar el 99% de las
empresas y que afectará al 65% de los trabajadores y trabajadoras; un
contrato precario de dudosa constitucionalidad); introduce diferencias
en las posibilidades de empleo; afecta gravemente a la negociación
colectiva (la Comisión de Empleo del Congreso ha endurecido todavía más
este capítulo al poner fin a la ultractividad de los convenios una vez
transcurrido un año de su vigencia inicial); y facilita el despido en
las Administraciones Públicas.
Por otro lado, los PGE-2012 van a profundizar la situación de recesión
económica. Oficialmente España ha entrado en recesión después de
registrar dos trimestres consecutivos de caída del PIB. El Gobierno ha
estimado una caída del 1,7% del PIB en 2012 asociada a una destrucción
de 650.000 empleos. Todo ello en el marco de fuertes ajustes anunciados
en RTVE y las televisiones autonómicas, Sanidad, Educación, Políticas
Sociales, las condiciones impuestas a las Corporaciones Locales para
financiar el pago a proveedores, una reducción de la presencia del
sector público en la economía y una renuncia explícita a la inversión
pública y el empleo.
Frente a ello, UGT y CCOO insistimos en que hay otra política para salir
de la crisis; para minimizar la erosión económica y social que anticipa
la conjunción de efectos de recesión económica y reforma laboral. Una
apuesta por el crecimiento y la inversión pública, por el empleo de
calidad y la sostenibilidad del modelo social. Una propuesta de reforma
del sistema financiero orientada a resolver la financiación de la
economía española y a impulsar la circulación del crédito, frente a las
medidas aprobadas por el Gobierno que únicamente han venido a completar
el proceso de demolición del sistema de Cajas de Ahorro.
Igualmente, España necesita una actuación en materia fiscal más
coordinada y eficaz. Una actuación que no puede pasar nunca por la
aprobación de una amnistía fiscal que supone un ataque ético muy grave a
la justicia y equidad fiscal, y sí por una reforma para incrementar los
recursos del Estado y hacer frente al fraude fiscal y a la economía
sumergida.
CCOO y UGT hemos emplazado una y otra vez al Gobierno a negociar un
acuerdo por la reactivación económica, el empleo y la cohesión social.
Un Acuerdo que debería implicar a las fuerzas políticas parlamentarias y
a las instituciones del Estado. A nuestro juicio, este sería el mejor
camino para restablecer la confianza y sentar las bases para una salida
más justa y equilibrada de la crisis. Pero el Ejecutivo prefiere
entenderse con Merkel y la derecha europea para intentar, sin
conseguirlo, satisfacer a mercados e instituciones financieras. Sigue
instalado en el conflicto social, en el ataque a los derechos laborales y
a los servicios públicos; en la eliminación de derechos civiles y
democráticos; en la ‘criminalización’ de la respuesta social y sindical.
El movimiento sindical no va a parar. Seguiremos movilizándonos en la
calle contra estas políticas antes y después del verano, y mantendremos
un diálogo constante y fluido con la sociedad civil y las fuerzas
políticas para trasladarles nuestras propuestas; fortaleceremos las
alianzas sociales en defensa de los servicios públicos y el Estado de
bienestar; promoveremos los mayores niveles de protección de las
personas en situación de desempleo.
Por ello, el 20 de junio, hemos convocado manifestaciones en todo el
país para denunciar los recortes sociales del Gobierno, para volver a
rechazar la reforma laboral, y para enfrentar la crisis con otra
política económica y social.
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