CCOO exige que la instrucción electrónica de los expedientes de nacionalidad se realice por los Registros Civiles y rechaza que el Gobierno vacíe poco a poco el contenido y funciones de los Registros Civiles en beneficio de operadores privados
Mientras
el ministro Catalá se hace fotos en la puerta de hospitales e intenta a través
de la página web del Ministerio presentar una cara amable de sus reformas, la
entrada en vigor de la Ley
19/2015, de reforma del Registro Civil, en materia de inscripciones de nacimiento, defunciones y trámites de expedientes de
nacionalidad por residencia se ha hecho de forma parcial, sin los medios
adecuados, sin resolver los muchos problemas que suscita, poniendo en grave
riesgo el servicio público del Registro Civil, minusvalorando el trabajo de
cientos de funcionarios/as que trabajan en los mismos y añadiendo un coste
innecesario a lo que hasta hace 5 días era gratis para la ciudadanía.
El
ministro de Justicia ha buscado más ser portada de periódicos y hacer carrera
en su partido político que implementar de forma adecuada la posibilidad de
promover las inscripciones de nacimiento desde los hospitales. Porque de eso se
trata: los bebes no se registran en los hospitales, se registran en los
Registros Civiles; desde unos pocos
hospitales se remiten los documentos para promover la inscripción de
nacimiento, pero la calificación sobre la documentación remitida y la
práctica de la inscripción sigue siendo tarea del personal de la Administración de
Justicia destinado en los Registros Civiles. El Ministerio de Justicia
permite creer que los nacimientos quedan registrados en los hospitales, y
olvida y omite el trabajo que realizan las y los trabajadores de los Registros
Civiles, y con ello deja de poner en valor su tarea.
CCOO
denuncia que la única formación dada al personal de los Registros Civiles sobre
cómo tramitar telemáticamente las solicitudes de inscripción de nacimiento que
llegan desde los hospitales haya sido un enlace a una página web interactiva
que se colgó el mismo día de entrada en vigor de la ley. El Director General de
Registros y del Notariado se ha dirigido por carta a los Jueces y Letrados de la Administración de
Justicia, con tan sólo tres días de antelación a la entrada en vigor de la Ley , para darles algo de
información sobre las reformas que entraban en vigor, omitiendo en su
tratamiento a los demás trabajadores y trabajadoras de la Administración de
Justicia que prestan servicio en los Registros Civiles y que son quienes,
realmente, califican y practican las inscripciones de nacimiento.
CCOO
defiende y defenderá todo lo que suponga mejora del servicio público y gratuito
del Registro Civil,
y la posibilidad de promover las inscripciones de nacimiento de forma
telemática, evitando a los padres acudir al Registro Civil, tal y como ya lo
establecía la Ley
20/2011 aprobada por consenso hace cuatro años, pero debe hacerse bien. Porque si al final tienen que acudir al
Registro Civil para obtener el libro de familia o inscribir al hijo/a en el
mismo, por mucha certificación telemática que se le remita, dado que en nuestra
sociedad se pide el libro de familia para cualquier trámite, poco o nada se
gana. Porque si las Administraciones siguen sin poder acceder telemáticamente a
las inscripciones del Registro Civil, tal y como establece la Ley 20/2011 y las y los
ciudadanos tienen que aportar certificados para todo (obtención del Dni,
trámites de pensiones, etc), poco o nada se gana.
Además
la falta de contacto directo entre los padres y el personal del Registro Civil
multiplicará los errores en las inscripciones y por tanto los expedientes para
su rectificación, y las calificaciones suspensivas o negativas por falta de documentación, o
nombres o apellidos que no pueden imponerse.
Los padres que acuden directamente a los Registros Civiles se van con la
seguridad de que su inscripción se ha practicado, con el libro de familia actualizado y los
certificados necesarios para documentar a los recién nacidos y hacer cualquier
otro trámite, si así lo solicitan; los que promuevan la inscripción desde los
hospitales siempre quedarán con la duda de si se practicará o no la inscripción
de nacimiento en la forma solicitada a través del personal auxiliar sanitario de los hospitales.
Las prisas por parte del ministro de Justicia en implantar la comunicación
de nacimientos desde los hospitales y hacerse la foto, está suponiendo
implantar esta medida de forma absolutamente precaria. Y de la posibilidad
de promover también desde los hospitales las inscripciones de defunción, que
también ha entrado en vigor, nadie se acuerda.
Mucho
más grave aún es, a juicio de CCOO, la entrada en vigor del nuevo procedimiento
de nacionalidad, incluido en la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015. En primer lugar,
habiendo entrado en vigor el día 15 de octubre, el Gobierno todavía no ha
aprobado el Real Decreto que tiene que desarrollar este procedimiento, por lo
que desde dicho día ningún ciudadano/a extranjero puede presentar la solicitud
porque se desconoce cómo pagar la, para CCOO, injusta tasa de 100 €, que se impone a cada
expediente. El Director General de Registros, en su misiva dirigida a los
Encargados de los Registros Civiles, insiste en que todas las solicitudes
presentadas a partir del 15 de octubre se siguen por el nuevo procedimiento…
que hoy desconocemos y ni siquiera está aprobado. El mismo Ministerio que ha
conseguido que las Cortes aprueben en 2015 nueve reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha
sido incapaz de aprobar un Reglamento a tiempo de la entrada en vigor de la Ley 19/2015.
En
segundo lugar, para CCOO es
intolerable que el Gobierno haya
decidido hacer caja con los expedientes de nacionalidad y que de paso otros
también se puedan aprovechar.
·
Todos
los extranjeros que quieran nacionalizarse tendrán que pagar una tasa de 100 €
·
Todos
los mayores de 18 años tendrán que aprobar un examen de conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) con un
coste de 85 euros. Si además el castellano no es su idioma materno tendrán que
obtener un certificado de lengua española extranjera DELE de nivel A2 o
superior con un coste de 124 euros. Ambos certificados son emitidos por el
Instituto Cervantes, quien va a obtener una fuente de ingresos nada
despreciable.
·
Notarios, abogados y graduados sociales podrán cotejar los
documentos que se presenten en forma electrónica, previo pago de sus servicios.
A
esto se añade que la instrucción de los expedientes ya no corresponderá a los
Registros Civiles, que simplemente podrán ser receptores de la documentación
como cualquier registro administrativo, sino que corresponderá a la Dirección General
de Registros y del Notariado, culpable, como viene denunciando CCOO,
del atasco de los miles de expedientes que dio lugar a la encomienda de gestión
a los Registradores de la
Propiedad y abre la puerta para la privatización de todo el
Registro Civil.
CCOO
exige que la instrucción electrónica de los expedientes de nacionalidad se
realice por los Registros Civiles, y que éstos mantengan la exclusividad
en la tramitación de todo tipo de expedientes de Registro Civil, derogándose la
posibilidad de que a partir de junio de 2017 los Notarios también puedan
tramitar expedientes de matrimonio civil. Sería inconcebible que tras asumir la Dirección General
de los Registros y del Notariado por ley la instrucción de los expedientes de
nacionalidad, se los volvieran a encomendar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles,
previo pago con cargo al erario público (este año les van a pagar 4 millones de
euros por resolver el atasco creado por el Ministerio con los expedientes del
año 2014).
Lo
que este Gobierno está haciendo es vaciar poco a poco el contenido y funciones
de los Registros Civiles, para adelgazarlo de los medios que precisa para
su funcionamiento y venderlo al mejor postor, que para ellos son los
Registradores de la
Propiedad y Mercantiles, colectivo al que pertenece el
Presidente del Gobierno. CCOO seguirá luchando para que el registro civil siga
siendo un servicio público, gratuito, cercano a la ciudadanía y servido
íntegramente por personal funcionario de la Administración de
Justicia, y a tal fin va a mantener en las próximas fechas reuniones con todos
los partidos políticos para solicitarles que incluyan en sus programas
electorales la promesa de que así será.
