- Ante la nueva convocatoria de elecciones generales para el 26 de junio, CCOO se volverá a dirigir a todos los partidos políticos para reclamar de nuevo el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito dentro de la Administración de Justicia.
Como todos conocemos, la Ley 19/2015 de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, estableció, gracias a la presión de las y los trabajadores, de la plataforma de los trabajadores del Registro Civil y de CCOO, la derogación de la privatización del Registro Civil, que había pretendido el Gobierno del PP durante toda la legislatura anterior, y la prórroga del plazo de entrada en vigor la ley 20/2011 del Registro Civil hasta el mes de junio de 2017:«Disposición final décima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado"
Asimismo, la disposición final séptima de la ley 20/2011 del Registro Civil fue modificada por dicha ley 19/2015, y así estableció:
"Disposición final séptima. Procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia
1. El procedimiento para la concesión de la nacionalidad española por residencia se regirá por lo dispuesto en el Código Civil, por lo previsto en esta disposición y en el reglamento que la desarrolle. En este reglamento se incluirán las especialidades propias del procedimiento para el personal al servicio de las Fuerzas Armadas.
2. La tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y el Notariado. Todas las comunicaciones relativas a este procedimiento se efectuarán electrónicamente.
3. El cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil para la obtención de la nacionalidad española por residencia deberá acreditarse mediante los documentos y demás pruebas previstas en la ley y reglamentariamente
La acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española requerirá la superación de dos pruebas.
La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2 o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior. Los solicitantes nacionales de países o territorios en que el español sea el idioma oficial estarán exentos de esta prueba
En la segunda prueba se valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas
Dichas pruebas serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente
Estarán exentos de la superación de las pruebas mencionadas los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente
4. El procedimiento al que se refiere este artículo estará sujeto al pago de una tasa de 100 euros. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia y estará sujeto a ella el interesado, sin perjuicio de que pueda actuar por representación y con independencia del resultado del procedimiento. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia, que regulará cómo ha de efectuarse el pago de la misma"
En este sentido, CCOO sigue trabajando para impedir la privatización del Registro Civil. Y por eso, nos volvemos a dirigir de nuevo a todos los grupos políticos para que, una vez constituido el nuevo Parlamento tras la repetición de las elecciones que se van a volver a celebrar el próximo 26 de junio, apoye la lucha contra la privatización del Registro Civil y su mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia.
CCOO ya remitió, haciéndolo público, entre otros, al grupo parlamentario socialista, un documento completo de propuestas para la mejora de la Administración de Justicia, para incluir en sus programas electorales para las elecciones del pasado 20 de diciembre, que incluía, entre otras muchas, la lucha contra la privatización del Registro Civil y que siga estando servido por el personal de la Administración de Justicia.
Ahora, se obtiene el primer resultado tangible, gracias en buena medida por el trabajo de los compañeros/as que forman la plataforma del Registro Civil, que han estado en contacto permanente con el grupo socialista, entre otros, para lograr esta moción.
Si bien, dada la situación de repetición de elecciones generales esta moción no tiene resultado efectivo aún, es un gran avance pues por fin el PSOE acepta de manera formal dos cosas estrechamente unidas, que el Registro Civil además de seguir siendo público y gratuito esté integrado en la Administración de Justicia.
Os adjuntamos la moción presentada por el grupo socialista en el Senado, el pasado viernes, 29 de abril, con el texto completo que contiene estas propuestas:
1.- Que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito y cercano a los ciudadanos.
2.- Que se blinde este servicio público, integrado en la Administración de Justicia, ajeno a cualquier pretensión de privatización.
3.- Proteger directa o indirectamente de cualquier uso de los datos de los ciudadanos.
4.- Que de manera transitoria se derogue la disposición final séptima de la ley 19/2015 y el decreto que regula la adquisición de la nacionalidad española.
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1. El procedimiento para la concesión de la nacionalidad española por residencia se regirá por lo dispuesto en el Código Civil, por lo previsto en esta disposición y en el reglamento que la desarrolle. En este reglamento se incluirán las especialidades propias del procedimiento para el personal al servicio de las Fuerzas Armadas.
2. La tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y el Notariado. Todas las comunicaciones relativas a este procedimiento se efectuarán electrónicamente.
3. El cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil para la obtención de la nacionalidad española por residencia deberá acreditarse mediante los documentos y demás pruebas previstas en la ley y reglamentariamente
La acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española requerirá la superación de dos pruebas.
La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2 o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior. Los solicitantes nacionales de países o territorios en que el español sea el idioma oficial estarán exentos de esta prueba
En la segunda prueba se valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas
Dichas pruebas serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente
Estarán exentos de la superación de las pruebas mencionadas los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente
4. El procedimiento al que se refiere este artículo estará sujeto al pago de una tasa de 100 euros. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia y estará sujeto a ella el interesado, sin perjuicio de que pueda actuar por representación y con independencia del resultado del procedimiento. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia, que regulará cómo ha de efectuarse el pago de la misma"
CCOO ha defendido, defiende y defenderá, como hemos venido haciendo desde hace más de cinco años, que el Registro Civil siga siendo un servicio público, universal y gratuito, y servido por el personal de la Administración de Justicia, como ha venido siendo desde hace más de 145 años.
En este sentido, CCOO sigue trabajando para impedir la privatización del Registro Civil. Y por eso, nos volvemos a dirigir de nuevo a todos los grupos políticos para que, una vez constituido el nuevo Parlamento tras la repetición de las elecciones que se van a volver a celebrar el próximo 26 de junio, apoye la lucha contra la privatización del Registro Civil y su mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia.
CCOO ya remitió, haciéndolo público, entre otros, al grupo parlamentario socialista, un documento completo de propuestas para la mejora de la Administración de Justicia, para incluir en sus programas electorales para las elecciones del pasado 20 de diciembre, que incluía, entre otras muchas, la lucha contra la privatización del Registro Civil y que siga estando servido por el personal de la Administración de Justicia.
Ahora, se obtiene el primer resultado tangible, gracias en buena medida por el trabajo de los compañeros/as que forman la plataforma del Registro Civil, que han estado en contacto permanente con el grupo socialista, entre otros, para lograr esta moción.
Si bien, dada la situación de repetición de elecciones generales esta moción no tiene resultado efectivo aún, es un gran avance pues por fin el PSOE acepta de manera formal dos cosas estrechamente unidas, que el Registro Civil además de seguir siendo público y gratuito esté integrado en la Administración de Justicia.
Os adjuntamos la moción presentada por el grupo socialista en el Senado, el pasado viernes, 29 de abril, con el texto completo que contiene estas propuestas:
1.- Que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito y cercano a los ciudadanos.
2.- Que se blinde este servicio público, integrado en la Administración de Justicia, ajeno a cualquier pretensión de privatización.
3.- Proteger directa o indirectamente de cualquier uso de los datos de los ciudadanos.
4.- Que de manera transitoria se derogue la disposición final séptima de la ley 19/2015 y el decreto que regula la adquisición de la nacionalidad española.
