COMO HABÍAMOS VENIDO DENUNCIANDO DESDE CCOO, SE CONSUMA POR EL
MINISTERIO DE JUSTICIA LA PRIVATIZACIÓN DELA SOLICITUDES DE
Esta función, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en
los Registros Civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas que
cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a
su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes
Desde el
pasado día 1 de Julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición
Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por
residencia dejaron de poder efectuarse a través de los Registros Civiles siendo
obligatoria su presentación por medios telemáticos, o en forma presencial a
través de registros administrativos.
CCOO ya advertimos que
esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de
las nuevas tecnologías en la administración, lo que escondía en realidad era
una privatización más de este gobierno, que prefiere favorecer los intereses
económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio
público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.
El
convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica
hoy en el BOE, y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de
Gestores Administrativos y de Procuradores,
nos da lamentablemente la razón. El Ministerio pudo optar por implantar en los
Registros Civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran
gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además
de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un
asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores
formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.
Este
asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado ya que cualquier
abogado o abogada, sin ningún requisito de formación específica para la
materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro
estas solicitudes.
Pero es
que además, como es lógico, en los despachos de abogados se cobrará por la
gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad
libremente establecida por los y las abogadas o sus colegios profesionales (el convenio
no establece cantidades máximas) de tal forma que quienes deseen solicitar la
nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin
ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los
Registros Civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que
este gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.
CCOO solicitó al Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios que la entrada
en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese
prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil
el 30 de Junio de 2018 tras la última vacatio legis, aunque nuestro objetivo final y
así lo seguiremos exigiendo, mediante la presentación de las iniciativas que
sean necesarias, es que la
competencia también en esta materia sea exclusiva de los Registros Civiles como
garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad
de quienes ejercen esta tarea.
